Atentar contra la economía es priorizando lo político sobre el bienestar de las familias bolivianas

Entender que lo político y lo económico están entrelazados es fundamental. Socavar la economía equivale a poner en peligro la vida del pueblo, sus necesidades urgentes y el destino mismo del país. La estrategia política de afectar al gobierno bloqueando la economía es egoísta y contraproducente, ya que no afecta solo al gobierno actual, sino al pueblo en su conjunto. En momentos de crisis, el país necesita que sus líderes cumplan sus responsabilidades más allá de las disputas políticas y estrategias partidistas. Aquellos que descuidan sus funciones por intereses políticos dañan al país y a su gente y, sin importar su afiliación, deben ser responsabilizados por ello.

Bolivia se encuentra inmersa en una compleja situación, caracterizada por una mega coalición de la oposición al gobierno, que según críticos, ha desestimado las preocupaciones de las víctimas del 2019 y ha empleado tácticas cuestionables para mantener su agenda de derecha. Recientemente, se ha levantado un clamor público ante la posibilidad de liberar a actores implicados en atentados contra los ciudadanos, lo cual ha generado un intenso debate en la esfera política cuestionando a Andronico, quien es acusado de traicionar al pueblo boliviano.

Además, la interferencia en la aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado está generando estragos en el bienestar de las familias bolivianas. La crisis ambiental agobia al país, evidenciada por más de 2,6 millones de hectáreas quemadas en 2023 y una sequía que afecta a 105 municipios y a más de 495,000 familias. Esta situación ha sido exacerbada por la supuesta obstrucción al modelo económico en curso.

La manipulación por parte de la oposición hacia el ala «evista» y esta solo busca posiciones político personales, que resuenan en el escenario político, acusando a estos líderes de buscar impunidad para figuras como Camacho, por esta razón lo que ha llevado a la parálisis legislativa y la falta de aprobación de recursos fundamentales para municipios, universidades y gobernaciones, esenciales para enfrentar fenómenos naturales y catástrofes.

El presidente de AMDECRUZ, Hediberto Cuellar, expresó su indignación hacia los legisladores que, según él, actúan en contra del pueblo boliviano, advirtiendo sobre la necesidad urgente de recursos para concluir obras y mantener servicios esenciales como salud y educación.

Por otro lado, las universidades, declaradas en estado de emergencia, demandan recursos frescos para evitar el colapso en el pago de salarios, becas y obras esenciales. La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, representada por Rodrigo Puerta, lamenta la falta de recursos para más de 140 municipios en desastre.

Finalmente, se plantea una interrogante crucial: ¿Por qué los senadores y diputados evitan la fiscalización de los recursos asignados? Se cuestiona la transparencia en el manejo de fondos públicos y se especula sobre posibles actividades ilícitas, lo que genera un clima de incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía.

Esta situación ha llevado a un punto crítico en la sociedad boliviana, donde la transparencia, la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos están en juego. La necesidad de soluciones urgentes y la rendición de cuentas se vuelven imperativas para resolver esta crisis que afecta a toda la nación.