El Presupuesto general del Estado 2024 es un documento esencial para la gestión financiera de un Estado, no solo delineando los planes y metas del gob
El Presupuesto general del Estado 2024 es un documento esencial para la gestión financiera de un Estado, no solo delineando los planes y metas del gobierno, sino también asignando recursos para alcanzar esos objetivos. Actúa como una herramienta de planificación al establecer prioridades, identificar metas y asignar fondos para ejecutar planes de manera eficiente, manteniendo un modelo económico plural y diverso.
Para el 2024 representa un equilibrio notable entre el crecimiento económico, la equidad social y el desarrollo sostenible. Su enfoque estratégico en la redistribución de la riqueza y el impulso a sectores fundamentales delinean un camino prometedor hacia un futuro más próspero e inclusivo para todos los ciudadanos de Bolivia. Su aprobación y ejecución responsable serán fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos y consolidar un panorama económico y social más justo y próspero en la nación.
El presupuesto público se erige como un instrumento fundamental en la gestión financiera de un Estado. Se trata de un documento que no solo describe los planes y objetivos del gobierno, sino que también expresa de manera detallada la asignación de recursos necesarios para alcanzar dichos propósitos. Esencialmente, representa la expresión financiera de las metas y planes estratégicos de una administración gubernamental.
En su esencia, el presupuesto público sirve como un mecanismo de planificación, ya que establece las prioridades del gobierno para un período determinado. Este proceso de planificación implica la identificación de objetivos, metas y programas específicos que se pretenden llevar a cabo. Asimismo, el presupuesto asigna los recursos financieros necesarios para ejecutar estos planes de manera eficiente y efectiva.
Por otro lado, el presupuesto también desempeña un papel crucial en el control gubernamental. Actúa como un instrumento de control al proporcionar un marco para evaluar el desempeño y los resultados obtenidos en relación con los objetivos establecidos. Esto permite una supervisión continua de los gastos, ingresos y el uso de los recursos públicos, asegurando que se alineen con las prioridades gubernamentales.
El presupuesto público refleja la visión, estrategia y prioridades del gobierno en términos financieros. Es una representación cuantificada de las políticas, programas y proyectos que se proponen llevar a cabo durante un periodo específico. Asigna fondos a áreas como educación, salud, infraestructura, seguridad, entre otros, en función de las necesidades y objetivos gubernamentales.
Un aspecto crucial del presupuesto público es su contribución a la transparencia y la rendición de cuentas. Al ser un documento detallado y accesible al público, permite que los ciudadanos conozcan cómo se planea utilizar el dinero de los impuestos y evalúen si las políticas y gastos propuestos están alineados con sus necesidades e intereses.
Además, cada vez más gobiernos buscan involucrar a la ciudadanía en el proceso presupuestario, permitiendo su participación en la formulación y revisión de presupuestos a través de mecanismos como consultas públicas, audiencias y plataformas interactivas. Esto fortalece la democracia al dar voz a los ciudadanos en las decisiones financieras y de políticas gubernamentales.
El Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2024 se ha delineado con un enfoque estratégico, orientado hacia la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad financiera. Este presupuesto abarca una serie de objetivos fundamentales, dirigidos a fortalecer diversos sectores clave para el desarrollo integral del país.
1. Estabilidad Macroeconómica y Sostenibilidad Financiera
La prioridad principal del PGE 2024 es asegurar la estabilidad macroeconómica, manteniendo un equilibrio en las finanzas públicas y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo. Esto implica una gestión responsable de los recursos, buscando un déficit fiscal controlado y una deuda pública sostenible que no comprometa el desarrollo futuro.
2. Proceso de Industrialización y Soberanía Productiva
Se busca profundizar en el proceso de industrialización, impulsando la producción nacional y fomentando la sustitución de importaciones. Este enfoque tiene como objetivo fortalecer la soberanía productiva del país, reduciendo la dependencia externa y promoviendo la autonomía en la manufactura de bienes estratégicos.
3. Fortalecimiento del Aparato Productivo e Industrial
El PGE 2024 está destinado a fortalecer el aparato productivo e industrial, mediante la implementación de políticas que impulsen la productividad y fomenten un mayor rendimiento en los sectores clave de la economía. Se promoverá la innovación, la investigación y el desarrollo para potenciar la competitividad en el mercado global.
4. Acceso Universal y Gratuito a la Salud y Educación
Se continuará con la consolidación de la política de acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación. Esto implica garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad para todos los ciudadanos, promoviendo así una sociedad más justa e inclusiva.
5. Políticas Sociales y Redistribución de Recursos
El PGE 2024 contempla la continuidad en la implementación de políticas sociales destinadas a promover la equidad en la redistribución de los recursos. Se busca disminuir la desigualdad social y reducir los índices de pobreza, enfocándose en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población.
El proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2024 proyecta un escenario económico que contempla una tasa de crecimiento del PIB del 3,71%, una tasa de inflación del 3,60% y una inversión pública de $us4.274 millones. Se estima un resultado fiscal del -7,80% y se espera mantener la estabilidad en el tipo de cambio, manteniéndolo dentro del rango +/-10, como en años anteriores.
Entre los objetivos del PGE 2024 se encuentran mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, profundizar la industrialización con sustitución de importaciones, mejorar el aparato productivo para impulsar la productividad, consolidar el acceso universal y gratuito a la salud y educación, y continuar con políticas de redistribución del ingreso para disminuir la pobreza.
El presupuesto agregado prevé un crecimiento del 7,3%, pasando de 317.129 millones de bolivianos a 340.318 millones de bolivianos, mientras que el presupuesto consolidado se incrementa en un 8,9%, de 243.950 millones de bolivianos a 265.558 millones de bolivianos.
El el presupuesto refleja un escenario de crecimiento, estabilidad de precios, mejora en los mercados laborales, aumento en las recaudaciones tributarias e impulso a la industrialización con sustitución de importaciones.
Se espera un aumento del 8,2% en la recaudación tributaria, alcanzando los 62.370 millones de bolivianos, frente a los 57.617 millones de bolivianos del periodo anterior.
En relación al resultado fiscal, se proyectan ingresos por el 46,6% del tamaño de la economía y gastos corrientes por el 45,4%, generando un margen de superávit. Cualquier déficit fiscal estaría asociado al gasto de capital destinado al fortalecimiento de la industrialización.
El PGE 2024 garantiza la subvención de los hidrocarburos, destinando una parte importante del gasto público, siendo YPFB responsable de una gran parte de estos recursos.
Los gastos corrientes incluyen sueldos y jornales que alcanzan los 49.089 millones de bolivianos, distribuidos principalmente en sectores como Salud, Educación, Policía, Fuerzas Armadas, Universidades, Entidades Territoriales y el Órgano Ejecutivo.
En cuanto a la inversión pública de 4.274 millones de dólares, el 56% se destina al ámbito productivo, buscando diversificar la economía y promover sectores como el agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía. Además, se contempla un gasto significativo en el área social, con una asignación específica para educación, cultura, seguridad y el fortalecimiento de actividades sociales.
Los sectores de salud y educación representan el 10,1% y el 10,8% respectivamente del Presupuesto General del Estado Consolidado, mientras que Defensa y Gobierno reciben el 1,7% y el 2,1% respectivamente. Aunque se asigna más presupuesto a Defensa y Gobierno, la suma asignada a Salud y Educación es diez veces mayor.
El proyecto de PGE 2024 garantiza políticas sociales como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, el subsidio prenatal, el Bono Mensual de Discapacidad, entre otros, además de contemplar el gasto en pensiones de sistemas anteriores y bonos económicos para el magisterio y otros programas sociales.
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