El Gobierno maquilla el hambre: en septiembre baja la inflación, pero sube la miseria

Por Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

La inflación baja en los informes, pero el FMI, conocido como la Parca económica en buena parte de la región por las consecuencias sociales que se atribuyen a sus políticas de ajuste, llega con recetas que pueden profundizar el hambre, el endeudamiento, el desempleo y la pobreza, restringiendo el consumo de las poblaciones y trasladando el costo de la crisis a los sectores más vulnerables. En Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz aplica medidas que, desde esta perspectiva, trasladan el déficit fiscal a los bolsillos de los ciudadanos, mientras el poder político parece vivir una realidad muy distinta: viajes presidenciales a Boca Ratón, desplazamientos de senadores y diputados a Santa Cruz y viáticos que, según las cifras denunciadas, alcanzaron los Bs 2.400, una suma superior a lo que algunas familias disponen para sobrevivir durante todo un mes, gastada en apenas dos días. A ello se suma la denuncia de un gasto de 240.000 dólares en tres días por parte del presidente, cifra que debe contrastarse con los registros oficiales. Mientras tanto, se pretende convencer a los bolivianos de que la inflación está controlada y de que la economía muestra señales de estabilidad. Pero los números no llenan la olla: en septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,85%, un acumulado de 3,88% y una inflación interanual de 5,70%. La pregunta es inevitable: ¿bajan las presiones inflacionarias porque Bolivia produce más y mejora su productividad o porque las familias ya no pueden comprar lo mismo? Cuando el consumo cae, los ingresos pierden capacidad adquisitiva y los hogares recortan hasta los alimentos, celebrar las estadísticas sin mostrar el costo social del ajuste se convierte en una forma de ocultar la realidad. La inflación puede desacelerarse en los informes mientras el hambre avanza en los mercados y el dinero alcanza cada vez para menos.

Los números pueden mostrar una desaceleración de la inflación, pero no necesariamente una mejora de las condiciones de vida. Una familia que antes compraba dos kilos y medio de carne y ahora apenas puede comprar uno no está viviendo mejor porque los precios suban más lentamente. Está consumiendo menos. Y cuando una familia deja de ir al restaurante, reduce sus compras en el mercado o renuncia a determinados servicios, el indicador de inflación no cuenta por sí solo la historia completa: también hay que mirar la pérdida de poder adquisitivo, la contracción del consumo y el deterioro de los ingresos.

El problema comienza cuando el Gobierno presenta los indicadores macroeconómicos como si fueran un retrato fiel de la economía cotidiana. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios; no mide directamente cuánta comida puede comprar una familia, cuántas veces al mes puede consumir fuera de casa ni cuántos productos tuvo que retirar de su presupuesto para llegar a fin de mes. Por eso, una inflación más baja no significa automáticamente que el costo de vida haya disminuido ni que la población esté mejor.

La contradicción se vuelve más evidente cuando se consideran los ajustes económicos y sus efectos sobre los costos de producción. El incremento del precio del diésel, señalado en este análisis como un aumento cercano al 100%, repercute en el transporte, la distribución de alimentos, la actividad agrícola y los costos de numerosas empresas. Esos efectos no necesariamente aparecen de inmediato ni con la misma intensidad en todos los productos que componen el IPC. Por tanto, una variación mensual de 0,85% no demuestra que el impacto del ajuste haya desaparecido: obliga a examinar qué precios subieron, cuáles se mantuvieron, cuáles bajaron y qué está ocurriendo con la capacidad de compra de los hogares.

Aquí aparece una diferencia fundamental: no es lo mismo que aumente la oferta porque una economía produce más que porque la población consume menos. En el primer caso, puede existir una mejora de la productividad y una mayor disponibilidad de bienes. En el segundo, la aparente abundancia puede esconder una demanda debilitada por la caída de los ingresos reales. Los comercios venden menos, los restaurantes pierden clientes y las pequeñas empresas acumulan dificultades. El mercado puede mostrar productos en sus estanterías, pero eso no significa que todos tengan dinero suficiente para comprarlos.

La reducción del consumo puede convertirse así en un mecanismo de ajuste silencioso. Las familias recortan sus compras; las micro, pequeñas y medianas empresas pierden ventas; los negocios reducen operaciones y, cuando ya no pueden sostener sus costos, despiden trabajadores o cierran. Quienes pierden su empleo formal buscan ingresos en el comercio callejero, los servicios ocasionales y otras actividades informales. Los jóvenes, especialmente aquellos que encuentran cerradas las puertas del empleo y la formación, quedan expuestos a mayores condiciones de precariedad. Esto no significa que la pobreza conduzca automáticamente a la delincuencia, pero sí que la exclusión económica y la falta de oportunidades plantean desafíos sociales que ningún indicador de inflación puede medir por sí solo.

En este escenario, las políticas de ajuste asociadas a los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI) merecen un examen riguroso. La reducción de subsidios, el encarecimiento de los combustibles y otras medidas destinadas a contener el déficit fiscal pueden trasladar parte de los costos del Estado hacia los hogares y las empresas. Si, además, se contrae el consumo mediante medidas monetarias restrictivas, el resultado puede ser una economía con menos liquidez, menor demanda interna y mayores dificultades para los sectores productivos que dependen del mercado nacional.

La eliminación o reducción de subvenciones a los combustibles, la gasolina, el gas o la electricidad no puede evaluarse únicamente por el ahorro fiscal que promete. También debe analizarse cuánto encarece el transporte, cómo repercute en el precio de los alimentos, qué ocurre con las tarifas y cuánto dinero queda disponible para las familias después de pagar sus necesidades básicas. El déficit público puede reducirse en las cuentas mientras una parte de la factura termina pagándose en los hogares, en los negocios que venden menos y en los trabajadores que pierden ingresos.

La misma lógica obliga a revisar la política monetaria y cambiaria. Si las medidas destinadas a retirar liquidez del sistema buscan reducir la demanda de dólares, corresponde preguntar qué efectos producen sobre el crédito, las ventas y la actividad económica. Contraer el mercado interno puede moderar ciertas presiones, pero también puede debilitar a las empresas nacionales. El desafío consiste en estabilizar la economía sin convertir la caída del consumo y la pérdida de empleos en los principales instrumentos del ajuste.

En el material analizado se menciona una contracción del PIB de 3,33% durante el primer semestre. Esa cifra debe contrastarse con la publicación estadística oficial correspondiente para precisar el período, la base de comparación y el indicador utilizado. Si se confirma para el período señalado, su lectura junto con los datos de consumo, empleo, ventas y producción permitiría evaluar si la desaceleración de los precios está acompañada por un deterioro de la actividad económica.

La experiencia de Ecuador también suele aparecer en este debate como advertencia sobre las consecuencias de las crisis económicas, la inseguridad y las políticas de ajuste. Sin embargo, establecer una relación causal exige examinar la evolución de sus indicadores económicos, las decisiones de política pública y los factores específicos de violencia y criminalidad. No basta con atribuir todos esos fenómenos a una sola política económica. La comparación regional debe servir para identificar riesgos y aprender de la experiencia, no para sustituir el análisis por una conclusión anticipada.

El punto central es otro: un Estado no puede evaluar el bienestar de su población únicamente por la evolución del IPC. Necesita observar los salarios reales, el costo de la canasta básica, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el empleo formal, la informalidad, el cierre de empresas, el consumo de los hogares y las diferencias entre regiones y niveles de ingreso. También debe explicar cómo se distribuyen los costos del ajuste y qué sectores reciben sus beneficios.

Porque una inflación de 0,85% en septiembre no significa que los bolivianos estén comiendo mejor, del mismo modo que una desaceleración de los precios no demuestra, por sí sola, que la economía se haya recuperado. Si los hogares compran menos, las empresas venden menos y los trabajadores pierden capacidad adquisitiva, el indicador puede mejorar mientras la vida cotidiana empeora.

El verdadero problema comienza cuando el Gobierno confunde la desaceleración de los precios con una mejora del bienestar. Un país no sale de la crisis porque sus ciudadanos dejen de comprar lo que necesitan. Sale cuando produce más, genera empleo digno, recupera los ingresos familiares y garantiza que los alimentos y los servicios esenciales estén al alcance de la población. De lo contrario, la inflación puede bajar en las estadísticas mientras el hambre avanza en silencio por los mercados, las mesas familiares y los bolsillos vacíos de los bolivianos.