El FMI y su receta: ajustar el estómago de los bolivianos

Por Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

El FMI vuelve a tocar la puerta de Bolivia, esta vez con 1.900 millones de dólares bajo el brazo y un viejo recetario de ajuste en la otra mano. El discurso será el de siempre: estabilizar la economía, recuperar la confianza y evitar el colapso. Pero detrás de las palabras técnicas aparecen las condiciones: menos gasto público, revisión de subsidios, reformas tributarias, flexibilización cambiaria, reestructuración de empresas públicas y mayor apertura al capital privado. Y mientras el gobierno de Rodrigo Paz se prepara para aplicar la receta, la pregunta incómoda es inevitable: ¿quién pagará la cuenta? Porque cuando el FMI presta, no solamente llega dinero; llegan condiciones, consultores y una determinada visión de país. Y si el ajuste termina descargándose sobre los trabajadores, los pequeños productores y los hogares más pobres, entonces la famosa estabilización tendrá un nombre mucho más sencillo: ajustarle el cinturón —y el estómago— a los bolivianos mientras otros sectores se preparan para hacer negocio con la crisis.

Los 1.900 millones de dólares que el FMI pretende colocar en Bolivia no son dinero gratuito ni un simple salvavidas financiero. El financiamiento viene acompañado de condicionalidades y revisiones periódicas, lo que significa que los desembolsos pueden realizarse por tramos y quedar sujetos al cumplimiento de las metas acordadas. Detrás del dinero aparece, por tanto, un programa de reestructuración de la economía y una legión de consultores encargados de diseñar y supervisar las reformas.

El ajuste que nos quieren aplicar bajo las órdenes del FMI

El libreto no es nuevo. Cuando el FMI entra en escena con un programa de financiamiento, el dinero suele venir acompañado de condiciones, metas y reformas. En Bolivia, el riesgo es que el gobierno de Rodrigo Paz termine aplicando ese conocido paquete de ajuste bajo la tutela del organismo internacional.

El esquema es bastante conocido: reducir el déficit y el gasto público, revisar o eliminar subsidios, aumentar la recaudación tributaria, restringir la liquidez, flexibilizar el tipo de cambio, reformar las empresas públicas y abrir aún más la economía al comercio y al capital privado.

Presentado como una receta para “estabilizar” la economía, el ajuste puede terminar trasladando buena parte de sus costos a la población: combustibles más caros, menor gasto estatal, presión sobre el empleo y pérdida de capacidad del Estado para intervenir en la economía. Mientras tanto, quienes tienen mayor capacidad económica pueden encontrar nuevas oportunidades en la privatización, la apertura y la liberalización.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto dinero prestará el FMI, sino qué tendrá que entregar Bolivia a cambio. Si Rodrigo Paz acepta el programa sin una estrategia económica propia, el país corre el riesgo de pasar de una crisis de liquidez a una crisis de soberanía económica, donde las principales decisiones ya no se diseñen en Bolivia, sino en función de las condiciones impuestas por quienes financian el ajuste.

Las consecuencias del ajuste

El problema de este tipo de ajuste no termina en las cifras fiscales. La factura puede traducirse en hambre, desigualdad y mayor pobreza si la reducción del gasto público, el retiro de subsidios y el encarecimiento de los servicios y combustibles golpean principalmente a los hogares de menores ingresos.

Al mismo tiempo, una mayor flexibilización cambiaria y apertura comercial puede generar ganadores y perdedores. Los grandes exportadores pueden beneficiarse de un tipo de cambio más favorable, mientras los trabajadores y pequeños productores enfrentan el aumento del costo de vida y de los insumos. Las empresas con mayor capacidad financiera también estarán mejor posicionadas para aprovechar la apertura y la venta o reestructuración de activos públicos.

Existe además el riesgo de que el ajuste termine favoreciendo a grupos empresariales, intermediarios y nuevas élites económicas, mientras se debilitan las políticas sociales y productivas del Estado. Así, lo que se presenta como una receta técnica de estabilización puede convertirse en una transferencia de ingresos y oportunidades desde los sectores populares hacia los grupos con mayor poder económico.

El verdadero debate, por tanto, no es solamente cómo reducir el déficit, sino quién pagará el ajuste y quién se beneficiará de él. Si el costo recae sobre los pobres mientras los beneficios se concentran en grandes exportadores, capitales privados y grupos de poder, no estaremos ante una recuperación equilibrada, sino ante una profundización de la desigualdad.

El argumento será que los 1.900 millones permitirán financiar la transición, sostener al Estado y evitar un colapso desordenado. Incluso una parte podría destinarse a programas de protección social para amortiguar el impacto sobre los sectores vulnerables. Pero la pregunta central es otra: ¿quién pagará el costo de esa estabilización?

Bolivia también puede buscar alternativas antes de trasladar todo el peso del ajuste a trabajadores y sectores populares. Una reforma tributaria progresiva podría incrementar la contribución de la minería cooperativizada y de la agroindustria, revisar el impuesto a la tierra —incluyendo la posibilidad de elevarlo hasta el 25% para determinados sectores— y aumentar el impuesto por hectárea a grandes propiedades agroindustriales exportadoras, pasando de los actuales Bs 2,70 hacia niveles de hasta 15 dólares por hectárea, según el diseño que finalmente se determine.

Asimismo, puede discutirse una mayor tributación de los grandes exportadores, planteando una tasa de hasta 16%, acompañada de una mayor liquidación de las divisas generadas por las exportaciones en Bolivia, para que esos dólares regresen al sistema financiero nacional y ayuden a fortalecer las reservas.

El problema, entonces, no es solamente conseguir los 1.900 millones. El verdadero debate es qué se hará para generar divisas, quién financiará la recuperación y qué precio tendrá para Bolivia aceptar las condiciones del FMI. Estabilizar la economía es necesario; entregar la conducción de la política económica a cambio del financiamiento es otra discusión.