El verdadero costo del PGE Reformulado lo pagarán los bolivianos

Por Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

Uno de los principales problemas que revela el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 es la falta de una lectura económica integral de la realidad que atraviesa Bolivia. En un contexto marcado por la escasez de divisas, el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de la población, el Gobierno impulsa disposiciones que modifican aspectos centrales de la política económica sin abordar las causas estructurales de la crisis. La apertura a intermediarios privados en la comercialización de combustibles, el incremento gradual de las tarifas eléctricas, la flexibilización para contratar deuda externa y la reducción de los controles legislativos son interpretados por diversos analistas como señales de un cambio de rumbo que podría trasladar mayores costos a la población, especialmente a los sectores más vulnerables. La preocupación se acentúa por la ausencia de una explicación transparente sobre los objetivos de estas medidas, el destino de los nuevos recursos financieros y el impacto que tendrán sobre el patrimonio público, la inflación y la economía de las familias bolivianas.

Las disposiciones incorporadas en el Presupuesto General del Estado Reformulado no pueden analizarse de manera aislada. Forman parte de un conjunto de decisiones económicas que, según diversos analistas, evidencian un cambio gradual en la orientación de la política económica nacional. La flexibilización para contratar deuda externa, la reorganización de empresas públicas, la apertura a intermediarios mayoristas en la comercialización de combustibles y los ajustes en las tarifas de servicios básicos son medidas que, en conjunto, generan preocupación por sus posibles efectos sobre el costo de vida y los sectores de menores ingresos.

La principal crítica es que el Estado estaría implementando transformaciones estructurales de manera gradual, sin explicar con claridad a la población el alcance de estos cambios ni presentar una hoja de ruta transparente sobre sus consecuencias económicas. En lugar de abrir un debate nacional respecto al futuro del modelo económico, las modificaciones se estarían introduciendo mediante decretos, reglamentos y disposiciones presupuestarias que amplían las facultades del Ejecutivo.

En este contexto, el defensor del pueblo y diversos especialistas coinciden en que el Estado debe asumir una posición más empática con toda la población y no concentrar sus decisiones únicamente en determinados sectores económicos. La apertura a intermediarios mayoristas en la comercialización de combustibles, por ejemplo, podría significar la creación de un negocio altamente rentable para un reducido grupo de operadores privados, mientras otros actores económicos y los consumidores terminan absorbiendo mayores costos. Esta situación rompe el principio de equilibrio que debería orientar toda política pública.

Asimismo, la eventual reducción del rol comercial de YPFB plantea interrogantes sobre el futuro de una de las principales empresas estratégicas del país. Si parte de la infraestructura de comercialización termina siendo utilizada por operadores privados, el Estado perdería capacidad para intervenir directamente en el mercado de los combustibles y para utilizar esa actividad como instrumento de política económica y social.

A ello se suma la preocupación por la eliminación gradual de las subvenciones. La devaluación del boliviano frente al dólar paralelo, la incorporación de intermediarios privados, el incremento progresivo de las tarifas eléctricas y los cambios en la política energética son interpretados por algunos economistas como medidas que coinciden con programas de ajuste fiscal promovidos históricamente por organismos financieros internacionales. En ese escenario, cobra especial relevancia la Disposición Final Segunda del PGE Reformulado, que habilita nuevas operaciones de financiamiento externo sin requerir autorizaciones legislativas específicas para cada crédito.

La interrogante central es cuál será el destino de esos recursos. Si el Estado busca acceder a aproximadamente 3.000 millones de dólares mediante financiamiento externo, resulta indispensable conocer con precisión en qué proyectos serán invertidos, cuál será su rentabilidad económica y cómo contribuirán a generar nuevas fuentes de divisas. El endeudamiento solo puede justificarse cuando financia inversiones productivas capaces de fortalecer la economía nacional y mejorar el bienestar de la población.

Otro elemento que comienza a generar preocupación es el incremento de las tarifas eléctricas. Mientras anteriormente los ajustes se realizaban dentro de márgenes más reducidos, las nuevas disposiciones permiten aumentos de hasta un 5% mensual. Diversos analistas consideran que esta medida está relacionada con el Decreto Supremo 5598, que amplía la participación privada en la generación, comercialización y exportación de energía eléctrica. Si bien el objetivo puede ser atraer inversiones al sector, el riesgo es que el costo de esa transición recaiga principalmente sobre los consumidores.

La energía eléctrica, al igual que el agua, es reconocida por la Constitución Política del Estado como un servicio esencial y un bien de interés social. Por ello, cualquier incremento sostenido de sus tarifas termina impactando directamente sobre la inflación, incrementando los costos de producción, transporte, comercio y consumo de prácticamente toda la economía.

De mantenerse esta tendencia, la electricidad podría convertirse en uno de los principales factores de presión inflacionaria durante los próximos meses. A ello se suma el incremento del costo de vida provocado por un tipo de cambio paralelo que supera ampliamente la cotización oficial, reflejando que la demanda de dólares continúa siendo elevada y que aún no se han resuelto los problemas estructurales relacionados con la generación de divisas.

En ese contexto, la principal recomendación es que el Estado priorice políticas orientadas a fortalecer la producción nacional, industrializar las materias primas estratégicas y generar nuevas fuentes sostenibles de ingresos en moneda extranjera. Solo mediante una economía capaz de producir más, exportar más y atraer inversiones productivas será posible estabilizar el tipo de cambio, contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas, especialmente de los sectores más vulnerables, evitando un deterioro progresivo de las condiciones sociales y económicas del país.