El regreso al FMI: la deuda que nadie consultó al pueblo

Por Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

Nuevamente, Gabriel Espinoza aparece como uno de los principales impulsores del retorno de Bolivia al Fondo Monetario Internacional (FMI), promoviendo decisiones que podrían comprometer el futuro económico del país sin una consulta transparente a la población ni un debate serio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras los representantes del pueblo observan pasivamente cómo se negocian nuevas obligaciones financieras, surge una pregunta inevitable: ¿cuál será el costo real que deberán pagar los trabajadores bolivianos? A ello se suma la reciente emisión de bonos soberanos con tasas de interés superiores a las que muchos analistas consideraban acordes al riesgo país, incrementando el peso de la deuda pública. Ahora se anuncia la posibilidad de acceder a otros 3.000 millones de dólares del FMI, recursos que, según los críticos de esta política, terminarían destinándose a sostener la estabilidad del sistema financiero y las reservas internacionales, mientras se prepara una devaluación que recaería sobre el bolsillo de la población. En ese escenario, serían los trabajadores, los pequeños productores y las familias bolivianas quienes asumirían el costo mediante el encarecimiento de los productos básicos, la pérdida del poder adquisitivo y un mayor endeudamiento del país, mientras las decisiones económicas continúan alejadas del control ciudadano y del debate democrático.

Mientras la población boliviana enfrenta una creciente pérdida de poder adquisitivo, escasez de dólares y un deterioro constante de sus condiciones de vida, el Gobierno parece avanzar silenciosamente hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La información difundida por Bloomberg señala que Bolivia estaría negociando un financiamiento cercano a los 3.000 millones de dólares y que la llamada «unificación cambiaria» podría concretarse en los próximos días. Sin embargo, la gran interrogante sigue sin respuesta: ¿quién autorizó este endeudamiento y bajo qué condiciones se está comprometiendo el futuro del país? Una vez más, como ocurrió en otras etapas de la historia económica boliviana, las negociaciones con el FMI parecen desarrollarse de espaldas a la población y sin un debate transparente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, institución que constitucionalmente debería fiscalizar cualquier decisión que comprometa el patrimonio nacional.

La denominada «unificación cambiaria» no es otra cosa que una devaluación encubierta. Si el tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos por dólar es reemplazado por un valor cercano a los 10 bolivianos, como señalan los reportes internacionales, el resultado será una depreciación superior al 40% de la moneda nacional. Las consecuencias recaerán directamente sobre las familias bolivianas: aumento de los precios de alimentos, medicamentos, combustibles y bienes importados; encarecimiento del costo de vida; reducción de los salarios reales; y una aceleración de la desigualdad económica. Mientras unos pocos sectores vinculados a la especulación financiera podrían beneficiarse, millones de trabajadores, pequeños productores y sectores populares verán disminuir aún más su capacidad de compra.

La experiencia latinoamericana demuestra que los programas del FMI rara vez son neutrales. Históricamente han estado acompañados por exigencias de ajuste fiscal, reducción del gasto público, flexibilización económica y apertura a intereses corporativos internacionales. Detrás del discurso de la estabilidad macroeconómica suele instalarse una agenda favorable a grandes grupos financieros y empresas transnacionales que buscan acceder a recursos estratégicos y mercados nacionales en condiciones ventajosas. Por ello, resulta legítimo preguntarse si Bolivia se encuentra ante el inicio de un proceso que terminará condicionando sus decisiones económicas a organismos externos. El problema no es únicamente la deuda; es la pérdida gradual de soberanía económica que puede acompañarla. Si estas decisiones continúan tomándose sin transparencia, sin control legislativo y sin participación ciudadana, el país corre el riesgo de hipotecar su futuro mientras se profundiza la crisis que golpea a las familias bolivianas.