San Julián y el nacimiento del tirano: cuando la fuerza reemplaza a la política

Por Martin Moreira
Miembros de la Red Boliviana de Economía Política

La historia política muestra que el antónimo de un estadista comienza a construirse cuando el liderazgo deja de resolver conflictos y empieza a administrarlos desde la soberbia, la inacción o la confrontación. En San Julián, la violencia, los heridos y la muerte no aparecen como hechos aislados, sino como el resultado de una crisis política que fue escalando ante la falta de respuestas oportunas de un gobierno inoperante y el papel de actores políticos que alimentaron la polarización, impulsada también por el propio Rodrigo Paz. La actuación de Alianza Libre, en su búsqueda por capitalizar políticamente la crisis, allanó el camino hacia un escenario de mayor confrontación y hacia la imposición de un estado de sitio, profundizando un conflicto marcado nuevamente por sangre boliviana. Sumadas las decisiones y omisiones gubernamentales, el país fue empujado hacia un escenario donde el diálogo perdió terreno frente a la confrontación; es allí donde comienza a formarse el tirano, el antónimo de quien se asume estadista: aquel que deja de construir consensos, permite que el conflicto escale y encuentra en la fuerza, la represión y la confrontación su principal refugio político, ordenando violencia contra el mismo pueblo que le dio el triunfo electoral y al que ahora parece despreciar.

Entre la espada y la pared pusieron a quien terminó demostrando ser el antónimo de un estadista, el demagogo que comienza a gestarse como tirano cuando la fuerza se convierte en su principal refugio. No se trata de salvar a Rodrigo Paz ni de justificar sus decisiones, sino de entender cómo la presión política terminó mostrando el verdadero rostro de un personaje incapaz de administrar la crisis sin recurrir a la represión.

La Alianza Libre lo colocó frente a dos caminos: asumir una salida política que evitara más confrontación o escoger la brutalidad represiva, esa que termina cobrando vidas bolivianas. Eligió el camino de la fuerza. Y cuando un gobernante prioriza militares, policías, paramilitares, represión y violencia antes que diálogo, deja de construirse como estadista para comenzar a escribir su nombre desde la triste imagen del autoritarismo.

Los primeros seis meses parecen mostrar precisamente eso: la gestación de un liderazgo fascistizado, al servicio de los grupos de poder oligárquico donde el uso de la fuerza deja de ser excepción para convertirse en mecanismo político para disciplinar al pueblo, las imágenes de heridos, muertos y enfrentamientos dejan una marca indeleble en Rodrigo Paz.

San Julián se convierte en símbolo de ello. La muerte de José Luis García, ocurrida en medio de hechos violentos donde participaron hordas fascistas, racistas, violentas y delincuentes vinculadas a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), con la presunta provisión de armas y gases por parte de efectivos policiales, bajo la presencia de autoridades del Ejecutivo, entre ellas el ministro de Hidrocarburos, Blanco, e incluso utilizando presuntamente vehículos oficiales de esa cartera de Estado, según denuncias públicas realizadas por distintos sectores; esta luctuosa jornada cobró un saldo de 26 heridos y un muerto, profundizando una crisis política que ya no puede reducirse únicamente al orden público.

Cuando la violencia escala de esta manera, cuando la confrontación deja sangre, muertos y decenas de heridos, la responsabilidad política inevitablemente alcanza al gobierno. Porque cuando el Estado pierde el control de sus fuerzas o permite excesos en nombre del orden, deja de administrar conflictos y comienza a convertirse en parte de ellos.

El descontrol policial, sumado al accionar de grupos paramilitares, termina proyectando una imagen deplorable de un gobierno que responde más desde la coerción que desde la construcción política. Y eso resulta aún más contradictorio en un país plural, multiétnico y diverso, donde las distintas culturas, regiones y necesidades requieren diálogo antes que imposición.

La crítica de fondo no es solamente sobre la represión. También apunta a una visión de país que privilegia sectores de poder, reproduce una lógica oligárquica y mantiene una política percibida como entreguista frente a intereses externos, mientras amplios sectores sociales sienten que quedan fuera de las prioridades estatales.

Es lamentable constatarlo, pero hasta ahora se ha configurado un gobierno que, para muchos sectores, presenta evidentes rasgos neofascistas: un presidente acusado de promover discursos de odio contra el pueblo y de responder a los conflictos con represión; grupos parapoliciales o paramilitares señalados por actuar bajo protección gubernamental; una narrativa maniquea y confrontacional; el uso sistemático de medios y campañas comunicacionales para disputar el relato público; presunta participación de asesores extranjeros en estrategias de polarización; y enormes recursos destinados a amplificar discursos de confrontación en redes sociales, entre otros elementos.

Aunque resulte duro plantearlo, el debate sobre el carácter y la orientación política de este gobierno ya forma parte de la discusión pública, no solo por la crisis política que atraviesa el país, sino por el impacto que estas dinámicas podrían tener sobre la cohesión social boliviana. Frente a ello, el desafío sigue siendo construir una salida democrática que respete, proteja e incluya a todo el pueblo boliviano.

Así, entre sonrisas políticas, discursos grandilocuentes y promesas de cambio, comienza a instalarse una pregunta incómoda: ¿Rodrigo Paz quiso convertirse en estadista o terminó transformándose en el antónimo de aquello que prometió representar?