*Por Camila Azeñas Uzquiano Bolivia atraviesa una coyuntura donde la crisis económica, el agotamiento político y la incapacidad estatal para constr
*Por Camila Azeñas Uzquiano
Bolivia atraviesa una coyuntura donde la crisis económica, el agotamiento político y la incapacidad estatal para construir consensos convergen en un escenario de alta conflictividad social. Las movilizaciones iniciadas en 2026 no solo cuestionan medidas concretas del gobierno de Rodrigo Paz, sino que exponen una crisis más profunda: la dificultad histórica de las élites bolivianas para transformar sus intereses particulares en un proyecto nacional capaz de construir legitimidad y hegemonía.
En abril de 2026, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira —posesionado el 8 de noviembre de 2025— promulgó la Ley 1720, que pretendía desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad campesina para favorecer al latifundio extractivista. Esa ley fue la chispa de un proceso insurreccional que, desde entonces, ha provocado el despliegue de bloqueos de carreteras, una marcha indígena desde Pando hasta La Paz, un cabildo masivo en El Alto que rompió cualquier pretension de diálogo con el Ejecutivo, y un piquete de huelga de hambre de mujeres. El gobierno respondió con detenciones arbitrarias y la aprobación en Senado de un proyecto de Ley de Estados de Excepción que suspende garantías. Este análisis sostiene que estamos ante una crisis orgánica cuyo origen se encuentra en lo que René Zavaleta Mercado denominó la paradoja señorial del bloque dominante boliviano y su incapacidad estructural para construir hegemonía, es decir, para presentar sus intereses particulares como interés general de la nación.
Para dar cuenta de esta crisis, este análisis combina dos tradiciones teóricas. De Nicos Poulantzas retomamos los conceptos de bloque en el poder, fracción hegemónica y autonomía relativa del Estado, que permiten examinar las tensiones entre la burguesía agroindustrial cruceña (eje del gobierno), la fracción financiera y la comercial, así como el papel del Estado como organizador político de esa unidad contradictoria. Para Poulantzas, el Estado es la forma en que la lucha de clases se institucionaliza; es decir, el lugar donde las relaciones de clase —difusas y transversales a toda la formación social— se materializan sin perder su carácter contradictorio, conteniéndolas. Esto se proyecta en lo que la politología liberal condena como “polarización”, cuando en realidad se trata simplemente de la lucha de clases procesándose dentro del Estado. Pedir que los actores “eviten radicalizar sus posiciones” sin resolver las contradicciones que los provocan es un llamado a la resignación disfrazada de moderación desmovilizadora. De Zavaleta Mercado recuperamos la noción de sociedad abigarrada —un archipiélago de temporalidades y subjetividades que el capitalismo no ha homogeneizado— y la advertencia sobre la disputa de reemplazo entre fracciones, el mecanismo por el cual una fracción burguesa sucede a otra «disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos» como si fuera liberación sin transformar relaciones de producción capitalistas. El análisis se pregunta si las movilizaciones de 2026 han producido ya gérmenes de dualidad de poderes (asambleas vecinales, cabildos, coordinadoras sindicales) y si, la ausencia de una dirección política propia y unica terminará canalizando la energía insurreccional hacia una nueva rotación de fracciones —Tuto Quiroga, Jaime Dunn u otra—, cooptando así la potencia de las masas.
El artículo se organiza en seis secciones. Primero, se reconstruye la secuencia del proceso insurreccional desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, con énfasis en las medidas antipopulares (eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, retorno de la DEA, Decreto Supremo 5503, Ley 1720) y las respuestas sociales. Segundo, se caracteriza la formación social boliviana como sociedad abigarrada, introduciendo la paradoja señorial. Tercero, se analizan las múltiples Bolivias en movimiento, distinguiendo la Bolivia indígena amazónica y andina de la Bolivia del agronegocio, y señalando las diferenciaciones internas en El Alto. Cuarto, se explica la implosión del MAS y el triunfo electoral del PDC por vacío, destacando el rol del vicepresidente Edman Lara como “prótesis ideológica”. Quinto, se examina el bloque en el poder a la luz de Poulantzas, mostrando que ninguna fracción logra la hegemonía plena, lo que fuerza al gobierno a recurrir a la coerción (Estado de excepción) una vez agotados los recursos ideológicos. Finalmente, se plantea si existen condiciones para una situación revolucionaria, cooptación o nuevo poder popular.
Secuencia del proceso insurreccional
Siguiendo a Zavaleta, una sociedad abigarrada se vuelve legible sólo en los momentos de gran agitación y ruptura de la rutina. El proceso insurreccional en gestación que se lleva adelante en el país desde abril de 2026 parece ser uno de esos instantes por eso es necesario repasar su secuencia.
En noviembre de 2025 Rodrigo Paz Pereira es posesionado, a esto le sigue tres medidas que demuestran la orientación de clase del nuevo gobierno: la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, el retorno de la DEA. El 17 de diciembre se promulga el Decreto Supremo 5503, un paquete integral de medidas económicas que elimina los subsidios a los hidrocarburos, congela salarios públicos, suprime impuestos y otorga facilidades para grandes inversiones en recursos naturales bajo el argumento de la «emergencia económica nacional», se suma a esto la reducción de ministerios bajo el ropaje de austeridad fiscal, la absorción del INRA por el Viceministerio de Autonomías, y el Decreto Supremo 5604 que reestructuró el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, fusionando sus dos viceministerios en uno solo. El gobierno la presentó como una medida para «eliminar la burocracia en los procedimientos y trámites en el ‘Estado Tranca'», pero provocó un fuerte rechazo sindical. Ya en el 2026 se presentaron múltiples proyectos para penalizar los bloqueos, pero ninguno llegó a ser aprobado. El 10 de abril se promulgo la Ley 1720, cuya pretensión era desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad forzando su integración al mercado como activo financiero embargable y así favorecer el latifundio extractivista; el malestar social creció en paralelo al desabastecimiento crónico de hidrocarburos y su pésima calidad que provocó daños cuantiosos, provocó una huelga de diez mil conductores, además del problema con los billetes de serie B tras el accidente aéreo en el Alto, y el fallo logístico del bono PEPE. Es en abril cuando las movilizaciones estallan: la Bolivia indígena amazónica y andina reactiva sus formas propias de lucha territorial, una marcha partió desde Pando hacia La Paz, y El Alto comienzo a cerrar los accesos a la ciudad.
A principios de mayo, la marcha desde Pando llegó a La Paz, la sede de gobierno tras veintiocho días de caminata; el país registro de forma progresiva múltiples puntos carreteros bloqueados, con pérdidas diarias estimadas en millones de dólares, mientras un piquete de huelga de hambre de mujeres y la vigilia de comunidades amazónicas profundizan la presión. El domingo 26 se abroga la Ley 1341, que regulaba los estados de excepción que limitaba el uso de armas letales contra la población civil; el Comité cívico exige estado de excepción. El martes 2 de junio, un cabildo masivo en El Alto, que reúne a juntas vecinales, COB, campesinos, mineros, maestros, transportistas, padres de familia, gremiales y fabriles, resuelve romper el diálogo con el ejecutivo, acusar a los dirigentes cooptados y someterse solo a las bases. El gobierno dice intentar salidas negociadas y promete agotar todas las instancias de dialogo, se convocó a una mesa de mediación con las bancadas parlamentarias en la vicepresidencia, y se ratificó la decisión de llamar al dialogo y atender demandas, pero las detenciones arbitrarias que iniciaron ese mismo día con el dirigente vecinal alteño Justino Apaza provocan más incertidumbre y desconfianza. En medio de una escasez aguda de alimentos, filas interminables y sobre precios, desabastecimiento de insumos básicos en centros de salud el 3 de junio el presidente publica un video llamando a la población a desbloquear con fuerzas armadas a los minutos es borrado alegando errores de producción. El 4 junio la Cámara de senadores aprobó el proyecto de Ley de Estados de Excepción para su tratamiento en la Cámara de diputados aún pendiente mientras se escribe este análisis.
La formación social boliviana
Esta categoría constituye la contribución epistemológica más original de Zavaleta Mercado y se articula directamente con la problemática que Marx planteó en el prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política sobre las condiciones históricas en que los modos de producción se articulan, se suceden o coexisten. Una sociedad abigarrada concebida como un «archipiélago» de microuniversos, temporalidades y subjetividades que el capitalismo no ha logrado homogeneizar. Es únicamente en instantes de gran agitación y ruptura de la rutina cuando todos los elementos de la sociedad se ven forzados a a una síntesis súbita y centralizada, permitiendo comprender por fin cómo es en verdad la realidad del país y cómo se conectan sus distintas partes
La estructura de esta formación explica la existencia de un Estado aparente, el cual suele operar con una autonomía relativa limitada por su sujeción al «superestado» de las facciones dominantes. Históricamente, esto ha permitido que el aparato estatal actúe en favor de la reproducción del orden capitalista total, incluso cuando esto implica contradicciones tácticas con sectores de la propia burguesía.
Esta condición de fragmentación se agrava por la «paradoja señorial» del bloque en el poder que, si bien participa activamente en el mercado mundial, mantiene patrones culturales precapitalistas y es incapaz de construir un proyecto nacional-popular orgánico.
Esa incapacidad estructural —la paradoja señorial— es la razón por la que el bloque dominante no puede presentar su proyecto como nacional. Y es también la razón porque este proceso insurreccional en gestación expone esa carencia.
En el gobierno de Rodrigo Paz esto se expresa cuando el Ejecutivo actúa de forma instrumental para imponer graves retrocesos en materia agraria, medioambiental, social y laboral, en fin, una larga lista de medidas antipopulares con la firme intención de cumplir con las exigencias y condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Utilizó el voto de las clases trabajadoras captado en campaña como una formalidad, para luego ejercer el poder ignorando la voluntad popular y refugiándose en los intereses geopolíticos estratégicos de Estados Unidos en nuestros territorios.
El Estado burgués es un aparato político que expresa los intereses de las fracciones dominantes mientras simula representar a las clases populares. Signo de una crisis crónica de hegemonía, con dos momentos importantes de inflexión. Primero tras la acumulación de derrotas (Guerra del Pacifico y la Guerra del Chaco) profundamente impopulares que evidencio exclusiones sistemáticas provocando alianzas, algo que se materializo en identidad nacional-popular y constituyó la base hegemónica suficiente para derrotar a la oligarquía en 1952 con La Revolución Nacional; Segundo el desarrollo del sindicalismo campesino con más fuerza desde la década de los 80s y las reivindicaciones étnico-culturales atravesados por la identidad como preámbulo a la crisis orgánica del sistema político boliviano que derivo en las grandes movilizaciones de los primeros años de los 2000 con protestas, revueltas e insurrección, la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, bajo la dirigencia de la Coordinadora del Agua y el Pacto de Unidad que le dieron dirección ideológica al proyecto y la agenda del momento: asamblea constituyente y la nacionalización que pensó al Estado Plurinacional. Este ciclo de movilizaciones hizo posible el triunfo electoral del MAS-IPSP el 2005 al canalizar el voto de todas esas fuerzas, consolidándose hegemónico.
Tomando en cuenta esto como antecedente, la crisis de 2026 a provocado la gestación de un proceso insurreccional, no hemos regresado ni al 1952 ni de 2003, pero esa memoria está presente. Por eso es necesario identificar qué «Bolivias» están moviéndose, con qué temporalidades, qué clases o grupos de clases con sus intereses y contradicciones —incluidas las que atraviesan a los propios sectores populares.
Las múltiples Bolivias
La Bolivia del agronegocio cruceño encontró en el gobierno de Paz su representación política más nítida. Con la ley 1720 —recientemente abrogada— se pretendía abrir un camino para que la tierra campesina pierda protección y entre con más fuerza al mercado, al crédito y a la hipoteca, favoreciendo ampliamente a los agroindustriales; esto provocó una marcha desde Pando que avanzó y llegó a La Paz tras 28 días de caminata. Hoy, después de días de estar en la ciudad, las comunidades se encuentran aún en vigilia en sus territorios. Si bien la ley fue abrogada, sus pretensiones no han sido aplacadas en su totalidad. La Bolivia indígena amazónica y andina ha reactivado sus formas propias de movilización territorial.
La historia de Bolivia enseña que la organización es la única certidumbre de los oprimidos. (Zabaleta, De Banzer a Guevara Arze: La fuerza de la masa, 1979 )
El Alto que fue el corazón insurreccional en 2003, tiene hoy nuevamente un papel relevante, siendo la zona donde el bloqueo es más contundente, cerrando los accesos a La Paz. Sin embargo, no hay que perder de vista que El Alto de 2026 no es el de 2003. La transformación social del período de gobierno del Movimiento al Socialismo produjo una diferenciación interna profunda, emergió una burguesía de origen aymara, sectores de trabajadores por cuenta propia reproducen en parte las relaciones de producción capitalistas y sus contradicciones. Esta diferenciación expresa la formación de nuevas fracciones de clase y de posiciones de clase distintas dentro de lo que antes se leía como un bloque popular relativamente homogéneo. Esa heterogeneidad fragmenta las identidades colectivas, multiplica los intereses en juego y complejiza la construcción de cualquier alianza política estable, y explica por qué en esta ciudad hay voces y resistencia a las movilizaciones y bloqueos como posturas profundamente reaccionarias.
Ahora, cuando los movimientos campesinos organizados, mineros asalariados, maestros, transportistas interprovinciales y urbanos, las juntas vecinales de El Alto, las juntas de padres de familia, gremiales, fabriles, se movilizan, bloquean y se convocan podríamos estar viendo las primeras chispas de un proceso complejo de acumulación de intensidad o «pathos» como le llamaba Zavaleta. Una disponibilidad social que se da cuando las grandes masas pierden la fe en las viejas creencias y se encuentran en un estado de maleabilidad, dispuestas a la asunción de nuevas creencias colectivas y a la sustitución universal de lealtades previas.
La implosión del MAS y el triunfo electoral del PDC
El MAS gobernó Bolivia entre 2006 y 2025, primero bajo Evo Morales (2006-2019), y luego del golpe de Estado con Áñez (2019-2020), bajo Luis Arce (2020-2025). Ese ciclo prometió la descolonización del Estado, la soberanía sobre los recursos naturales y la redistribución de la renta gasífera hacia las clases subalternas. Cumplió
parcialmente esas promesas, con resultados importantes y ampliamente reconocidos pero también las traicionó sistemáticamente.
El MAS no fue derrotado electoralmente en las urnas, implosionó antes de llegar a esa instancia, por contradicciones internas acumuladas durante años —la guerra entre las facciones de Morales y Arce, la pérdida progresiva de base social derivada del agotamiento redistributivo, los escándalos de corrupción que erosionaron la credibilidad, y el vaciamiento propio del reformismo que no pudo romper con el extractivismo ni con las relaciones de producción capitalistas como también mecanismos de proscripción que evitaron a algunas facciones presentarse a elecciones. Esta implosión es lo que generó el vacío político que Rodrigo Paz supo aprovechar.
Jáuregui lo explica a cabalidad. Las elecciones generales de 2025 fueron competitivas, dado que múltiples fuerzas políticas tenían posibilidades reales de ganar. Sin embargo, la oferta electoral estaba dominada por la élite tradicional y los sectores populares carecían de representación, lo que se expresó en el alto número de nulos (19.87%) y blancos (2.50%). No fue el voto positivo de entusiasmo popular hacia Paz lo que lo llevó al poder; fue el rechazo al MAS expresado en un contexto de oferta electoral que no incluía una alternativa popular creíble. Paz no ganó por adhesión sino por vacío. Esta diferencia no es semántica; tiene consecuencias estructurales para la debilidad del gobierno y para la velocidad con que la ilusión se disipó.
El ciclo del MAS puede leerse como un intento de reconfigurar el bloque en el poder incorporando a sectores de trabajadores y a representantes de las clases subalternas, sin alterar el carácter capitalista del Estado ni los fundamentos estructurales de la acumulación. Terminó entonces en la absorción de las demandas populares por el aparato estatal, la cooptación sistemática de dirigentes, la neutralización de la autonomía organizativa de los movimientos. Hay aquí una tesis marxista-leninista de alcance general que se demuestra –nuevamente– los gobiernos reformistas o socialdemócratas que no rompen con el capitalismo terminan favoreciendo los intereses de la burguesía —agroindustrial o financiera—, porque la estructura del Estado capitalista reproduce esa orientación con independencia de las intenciones subjetivas de sus ocupantes.
La derrota electoral del ciclo popular no basta para garantizar la reproducción del orden capitalista; para eso se requiere que el ajuste sea presentado como inevitabilidad técnica, que la ley que favorece al agronegocio aparezca como modernización agraria, que el retorno de la DEA se venda como soberanía democrática y lucha contra el narcotráfico. Esa función de sustitución ideológica es la que cumplen los aparatos ideológicos del Estado en el sentido althusseriano que Poulantzas incorpora a su análisis. La pregunta entonces no es solo qué fracción del bloque domina, sino cómo esa dominación se naturaliza, qué lenguaje usa, qué instituciones la reproducen. El PDC tiene una respuesta muy precisa a esa pregunta, y conviene leerla con atención antes de que el proceso insurreccional la desmonte en las calles.
El bloque en el poder, la unidad contradictoria y crisis de hegemonía
¿Por qué un gobierno con mayoría parlamentaria, con el aparato estatal en sus manos y con el apoyo explícito del imperialismo norteamericano, no logro desactivar los bloqueos ni responder a las demandas de movilización?
Un punto crucial que me interesa profundizar para responder esta pregunta es la distinción técnica entre la dominación económica y la hegemonía política. Poulantzas demuestra que la hegemonía es una categoría política que no depende mecánicamente de la primacía en la producción. La fracción hegemónica es aquella que, a través de la mediación del Estado como organizador político, logra desplegar dos sentidos de hegemonía. Unifica internamente al bloque en el poder constituyendo sus intereses económicos en intereses políticos y ejercer una dirección intelectual y moral sobre las clases subalternas al presentar sus objetivos particulares como el interés general del conjunto de la nación. Esta doble función es la que Poulantzas, siguiendo a Gramsci, llama hegemonía propiamente dicha.
La estabilidad de este bloque depende de que estas funciones se concentren eficazmente, aunque la teoría admite la posibilidad de desajustes y desplazamientos entre ellas. En el caso boliviano la «paradoja señorial» del bloque en el poder le impide consolidar una dirección hegemónica orgánica. Ante la incapacidad de presentar sus intereses como nacionales, el bloque dominante suele renunciar a la autodeterminación para refugiarse en la coerción o en imperativos sistémicos externos, es decir, en los intereses geopolíticos estadounidenses rompiendo el equilibrio inestable de compromisos necesario para una hegemonía duradera.
La estabilidad del bloque se logra cuando una fracción ejerce esa hegemonía en el sentido pleno del término, en la capacidad de subordinar a la vez las pretensiones de las diferentes fracciones y todas las demás clases de la sociedad (Poulantzas, 1968). En Bolivia, la crisis se define precisamente por la ausencia de una fracción hegemónica en ese sentido pleno, ninguna fracción del bloque dominante logra cumplir simultáneamente ambas funciones. Esta ausencia produce lo que Poulantzas —retomando a Gramsci— denominaría una crisis orgánica, no una crisis de gobierno que se resuelve con un cambio de gabinete, sino una crisis de la forma misma de dominación.
El bloque en el poder que sostiene al gobierno del PDC no es monolítico. Su eje es la burguesía agroindustrial cruceña, fracción que acumuló poder económico, territorial e ideológico durante las últimas tres décadas. Pero el bloque incluye otras fracciones con intereses parcialmente divergentes, la burguesía financiera, vinculada a la banca nacional y a los circuitos del capital transnacional que empujan la agenda del FMI; la burguesía comercial e importadora, que apoya la apertura comercial pero teme la caída del consumo interno provocada por el ajuste fiscal; y los remanentes de la gran propiedad territorial del Oriente, cuya continuidad biológica e institucional con las élites del siglo XIX no es una metáfora zavaletiana sino un dato sociológico verificable.
Esta composición compleja del bloque se expresa en las tensiones internas del gabinete y en las fracturas parlamentarias. Jáuregui describe cómo el PDC cuenta con 16 senadores y 49 diputados sin mayoría absoluta, y cómo la propia bancada del PDC está escindida en múltiples facciones que le impiden actuar de forma cohesionada (Jáuregui, 2026). Los transfugios hacia el oficialismo expresan, en términos poulantzsianos la reorganización de las alianzas entre fracciones del bloque dominante; el capital financiero paceño que apostó por Paz necesita una mayoría parlamentaria que la base electoral del PDC no alcanzó a proveer. Esta mayoría frágil y comprada no constituye hegemonía; es el simulacro de la dirección política.
La burguesía agroindustrial cruceña es la fracción económicamente más poderosa del bloque y la que más directamente se expresa en las políticas del gobierno de Paz. Un ejemplo claro es la Ley 1720 que se bien fue abrogada se anunció que se trabajara en una nueva ley en la misma dirección e intención, la liberalización de exportaciones, la flexibilización ambiental. si bien es la fracción dominante del bloque no es hegemónica porque no logra la segunda de las dos funciones que la hegemonía exige: presentar sus intereses ante las clases subalternas como intereses generales de la nación.
Este proceso insurreccional en gestación es la prueba de ese fracaso cuando llego a existir alrededor de 90 puntos carreteros bloqueados, cuando El Alto corta los accesos a La Paz, cuando hay un piquete de huelga de hambre de mujeres y las comunidades amazónicas se unen en vigilia y el rechazo al Gobierno, estamos ante la negación práctica de cualquier pretensión hegemónica.
Esta crisis de hegemonía no se queda en el plano abstracto de las fracciones y sus intereses divergentes; se proyecta a las instituciones, en las personas, en los dispositivos concretos que el bloque dominante construye para simular unidad donde no la hay. Si la fracción agroindustrial cruceña no puede presentar sus intereses ante las clases populares como intereses generales de la nación, entonces necesita un operador ideológico que les sirva para convencer, distorsionar y desviar la atención de sus verdaderas intenciones para ir en contra de los intereses de las clases populares. Ese fue el rol en campaña de Edmar Lara.
La figura del vicepresidente Edman Lara cumplía una función ideológica en la arquitectura política del bloque en el poder. Operaba como una representación de lo popular que hacía electoralmente presentable un programa de clase que, sin esa mediación, hubiera sido identificado de inmediato su carácter antipopular. Su origen no oligárquico, su registro identitario, su hiper-espectacularización mediática cumplían la función, disfrazar la dominación de representación, hacer pasar el interés particular de la fracción dominante por interés general de la nación.
Jáuregui explica este mecanismo con rigor: Rodrigo Paz y Edman Lara lograron catalizar la expectativa de cambio diferenciándose de la derecha tradicional, al vincular las salidas económicas a la crisis con las demandas aspiracionales de los sectores populares ascendentes. Esta operación es exactamente lo que Susan Stokes llama neoliberalismo por sorpresa, el giro post-electoral de gobiernos que adoptan reformas neoliberales a pesar de haber sido electos con plataformas contrarias (Stokes, 2001, citada en Jáuregui, 2026,). El binomio Paz-Lara requería esa ambigüedad programática —capitalismo para todos, 50/50— para no antagonizar con el electorado popular.
Una vez que el gobierno se alineó sin ambigüedades con los intereses del agronegocio y los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense —la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas en noviembre de 2025, la Ley 1720, – ese dispositivo ideológico se volvió prescindible e incluso perturbador. Lara se convirtió en un obstáculo para la estrategia del ejecutivo porque su legitimidad popular reclamaba poder real, no ornamental. Cuando el ajuste se hace visible, cuando el costo recae sobre los sectores populares, la máscara no se puede mantener, se cae.
La máscara demócrata cristiana, los aparatos ideológicos y la lógica antinacional
La categoría que mejor explica el gobierno de Paz es la que Zavaleta aplicaba a los liberales de principios del siglo XX, el pragmatismo lineal o teoría de la asociación con el imperialismo. Pero Poulantzas añade una dimensión, el papel de los aparatos ideológicos del Estado —retomando a Althusser— en la reproducción del consenso. El PDC construye un discurso en el que el ajuste fiscal aparece como modernización responsable, la Ley 1720 como progreso agrario, el retorno de la DEA como seguridad democrática y lucha contra el narcotráfico. Jáuregui precisa el mecanismo cuando menciona que el gobierno tiene capacidad discursiva alta, dado que se ha instalado un discurso de inevitabilidad en los medios de comunicación que asocia al modelo estatista con el desfalco y la corrupción y presenta al ajuste como un problema técnico y de convicción patriótica.
La eliminación del subsidio histórico a los combustibles en diciembre de 2025, la reducción de ministerios presentada como austeridad fiscal, la Ley 1720 favorable al agronegocio cruceño —que resulta fue trabajada en el gobierno de Luis Arce
Catacora y reactivada por Marinkovic—, esta secuencia es la reproducción de la lógica antinacional; en términos poulantzsianos, es la expresión de qué fracción del bloque en el poder ejerce la dominación en este momento y cuáles son los intereses que el Estado condensa y organiza materialmente. El imperialismo norteamericano, que expresó su apoyo al gobierno, tiene intereses directos en el resultado del conflicto boliviano —el litio, el gas, las tierras raras, la posición geoestratégica de Bolivia— y su apoyo no es una intervención en la lucha de clases a favor de las fracciones antinacionales del bloque dominante.
Bolivia no vive una crisis de gobierno como muchos afirman y que se resolvería con cambios en el gabinete, vive una crisis orgánica de largo aliento que comenzó en 2003, fue gestionada pero no completamente resuelta por el ciclo del MAS, y eclosiona ahora con la restauración conservadora de Paz.
Toda la arquitectura analizada hasta aquí —el bloque en el poder sin fracción hegemónica, el dispositivo Lara como prótesis ideológica, la lógica antinacional disfrazada de austeridad patriótica— describe el polo de la dominación. Pero la crisis orgánica se puede definir en función a lo señalado por Lenin: “los de abajo no quieran seguir viviendo como antes, si no que los de arriba tampoco puedan seguir gobernando como antes lo hacían”. La pregunta ya no es qué hace el bloque dominante para sostenerse, sino si las condiciones objetivas de una situación revolucionaria están dadas y, sobre todo, si existe la condición subjetiva capaz de convertir la potencia insurreccional en poder constituido.
Situación revolucionaria y gérmenes de dualidad de poderes
Zavaleta llamaba «disponibilidad social» a esos momentos de crisis profunda en que las masas están dispuestas a sustituir sus viejas lealtades; el cabildo del 2 de junio en El Alto es la expresión nítida de eso. Esta disponibilidad coincide con lo que Lenin definió como los síntomas objetivos de una situación revolucionaria: cuando «los de arriba» no pueden seguir gobernando como antes, la miseria de «los de abajo» se agrava y la actividad de las masas se intensifica significativamente.
Sin embargo, Lenin advirtió que la existencia de estas condiciones objetivas no garantiza la revolución. Para que la crisis desemboque en una victoria real, es indispensable el factor subjetivo, que es la capacidad de la clase revolucionaria para realizar acciones de masas tan potentes que logren «hacer caer» al viejo gobierno. Esto requiere de una vanguardia consciente que no se limite a seguir la espontaneidad del movimiento (seguidismo), sino que sea capaz de dirigir la energía insurreccional hacia el derrocamiento efectivo del régimen y la conquista del poder político.
La potencia de la movilización espontánea de las masas es indudable. Juntas vecinales, comunidades y sindicatos mineros actúan con una disciplina forjada en la resistencia histórica. Sin embargo, el espontaneísmo, al ser la forma embrionaria de la conciencia, se manifiesta necesariamente como tradeunionismo, representa la
subordinación ideológica de los trabajadores a la burguesía, limitando sus aspiraciones a mejoras dentro del sistema capitalista en lugar de buscar su destrucción. Entonces una lucha centrada en demandas corporativas que, aunque legítimas, tienden a permanecer dentro de los límites del orden vigente.
“Y quien suponga que se puede tomar el poder con los sindicatos está muy equivocado. Mientras la clase obrera no supere su contenido meramente sindicalista, podrá ser una clase muy radical, pero no podrá ser una clase de poder” (Zavaleta, en la entrevista con Laserna, 1985, p. 556).
El tradeunionismo es, en esencia, el sindicalismo, la lucha colectiva de los obreros para conseguir mejores condiciones de trabajo y reformas inmediatas, pero sin cuestionar el régimen social en su conjunto
En Bolivia, el riesgo más concreto en este sentido es la desviación que puede representar el evismo pues las estructuras de movilización del MAS que Jáuregui identifica como un potencial de coalición residual (Jáuregui, 2026) conservan arraigo territorial y liderazgo reconocido, pero su proyecto es la restauración del ciclo anterior
—no su superación. Subordinar las movilizaciones del 2026 a la lógica del evismo sería la desviación hacia el seguidismo, utilizando la energía sindical para un proyecto de restauración que mantiene los cánones tradicionales de dominación bajo una apariencia popular, seria cooptar la potencia insurreccional en favor de una fracción que aspira a reconfigurar el bloque dominante a su favor.
La cooptación de dirigentes populares que se produjo durante el período del MAS no fue una anomalía moral sino la expresión de una tendencia estructural que Lenin había teorizado y que Poulantzas profundizó el problema no era solo la ausencia de conciencia sino la presencia del poder de clase dentro de la propia organización popular. Las organizaciones obreras y campesinas no son espacios puros exentos de las relaciones de poder capitalistas porque son atravesadas por ellas, lo que explica la cooptación sistemática y la burocratización. Como indica Zavaleta, aunque el sindicato es un lugar democrático de masas, carece de la coherencia necesaria para tomar el poder, tarea que exige un esquema consciente que solo puede dar el partido.
En Las tareas del proletariado en nuestra revolución, Lenin analiza el concepto de dualidad de poderes la situación en que emerge un poder alternativo al Estado burgués, con sus propios órganos de deliberación y ejecución, que compite con el Estado existente por la dirección de la sociedad. El ejemplo histórico clásico son los soviets de 1917. La pregunta es si existen gérmenes de una dualidad de poderes análoga.
La respuesta honesta es que si existen esos gérmenes por eso el movimiento campesino tiene dominio en el sector rural. Las asambleas de juntas vecinales de El Alto que deciden los bloqueos, los cabildos campesinos que coordinan el corte de rutas, las coordinadoras sindicales que articulan la acción de la COB; todas estas formas organizativas funcionan, en momentos de mayor intensidad, como instancias
de deliberación y decisión colectiva que operan paralelas al Estado y en contra de él. Son gérmenes de poder alternativo. Pero este proceso insurreccional aún no ha producido una dualidad de poderes consolidada, no existe una instancia coordinadora nacional que articule esos gérmenes en un poder político con programa propio, con capacidad de interlocución estatal en términos de fuerza, con horizonte más allá de la demanda táctica de la renuncia de Paz. Este es el límite objetivo de la coyuntura. Este proceso insurreccional a abierto una posibilidad y queda decidir si se llena con un nuevo poder popular o con una nueva cooptación esa sería la tarea política del momento.
Este análisis quiso recorrer la paradoja señorial como estructura larga, el bloque en el poder sin hegemonía, los aparatos ideológicos que naturalizan el ajuste, la potencia insurreccional de las clases subalternas y el límite objetivo que representa la ausencia de una instancia coordinadora nacional. Pero hay aún elementos por estudiar ¿En qué momento histórico se encuentra Bolivia, qué la distingue de octubre de 2003, y qué condiciones —objetivas y subjetivas— determinarán si la coyuntura se cierra en una nueva cooptación o en una ruptura real con un nuevo poder popular?.
Conclusión
El proceso insurreccional que Bolivia vive desde abril de 2026 es la crisis orgánica de una forma de dominación que nunca logró construir hegemonía, carece de la capacidad de presentar el interés particular de la fracción dominante como interés general de la nación. Está en juego la viabilidad de un modo de ejercer el poder que se repite bajo máscaras renovadas. Si el proceso insurreccional no produce su propia dirección política ya y el vacío se resuelve dentro de las reglas de juego que impone la democracia liberal, el resultado no será transformación sino rotación de fracciones burguesas en el poder. Tuto Quiroga a la cabeza de Alianza Libre son los principales beneficiarios políticos de cada tropiezo del gobierno de Paz, acumulando con paciencia el capital electoral que la crisis les regala. El proyecto libertario de Jaime Dunn espera en el otro carril, dispuesto a presentar el desmantelamiento del Estado como solución popular. Si Condori es proscrito, o si cualquier alternativa del campo popular llega a unas elecciones fragmentada y sin programa de clase, la potencia insurreccional de mayo de 2026 habrá sido capturada por otra fracción burguesa. Una nueva disputa de reemplazo entre estirpes, exactamente como Zavaleta advertía. Las urnas sin organización popular previa administraran la derrota.
La paradoja señorial provoca la incapacidad estructural de la clase dominante boliviana para convertir su proyecto de clase en proyecto de nación algo constante en la historia, no es capaz de construir legitimidad ante las clases populares. El gobierno de Paz es una coalición que llegó al poder tras el vacío dejado por la implosión del MAS, y la proscripción o fracaso de sus expresiones fragmentadas; que gobernó para el agronegocio cruceño y los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano, ahora que la ilusión se disipó legisla la suspensión de derechos para desplegar la capacidad coercitiva del Aparato Estatal intentando blindarse legalmente porque ya agotó sus recursos de gobernabilidad.
La aprobación en grande y en detalle del proyecto de Ley de Estado de Excepción en el Senado, y su probable ratificación por la Cámara de Diputados este sábado 6 de junio, es la expresión de que, como decía Zavaleta, los partidos tradicionales pierden rápidamente su base social, fracasan en su función legitimadora, y la represión no puede ceder paso al consenso. El Estado de excepción es la traducción jurídica de esa impotencia; es el momento en que el bloque dominante confiesa, ante la sociedad entera, que solo puede mantenerse suspendiendo las garantías que él mismo invoca para legitimarse.
En los bloqueos, en los cabildos de El Alto, en la vigilia amazónica que no negocia, en las asambleas vecinales que funcionan como instancias paralelas de deliberación y mando territorial, se ha desplegado una potencia de masas que el gobierno no puede ni cooptar ni aplastar sin destruir lo poco que le queda de legalidad. Las coordinadoras sindicales que articulan la acción de la COB, los cortes de ruta que condicionan el abastecimiento de la capital, el cabildo del 2 de junio que acusa a los dirigentes cooptados y se somete solo a las bases: todo eso es ya, en su forma embrionaria, una dualidad de poderes que no ha encontrado todavía su instancia de unificación nacional. La disponibilidad social está dada. La sustitución de lealtades, que Zavaleta llamaba el momento constitutivo de la política de masas, está latente. Lo que falta es la forma que la concentre y es ahí donde radica el peligro. Ese es el límite objetivo de la coyuntura, y también su riesgo más agudo. No existe todavía una instancia coordinadora nacional capaz de articular esos gérmenes dispersos en un poder político con programa y horizonte propios. ¿Qué clase social, con qué proyecto histórico, llenaría el vacío de poder, en el caso de lograr la renuncia del presidente? la respuesta a esa pregunta es la tarea política del momento. No es algo que se pueda dejar para después es una tarea para hoy, en las asambleas de base, en las coordinadoras sindicales, en las comunidades que deliberan sobre su destino. Porque, como señalaba Zavaleta, el tiempo de las naciones no es el de las generaciones, pero las coyunturas se cierran. Y la violencia de clase, como siempre, no descansa.
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*Camila Azeñas Uzquiano es politóloga y militante comunista.
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