Por Martin Moreira Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política Bolivia enfrenta uno de los momentos económicos y políticos más delicados
Por Martin Moreira
Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política
Bolivia enfrenta uno de los momentos económicos y políticos más delicados de los últimos años: más de 4.000 millones de dólares adicionales de deuda acumulada en apenas seis meses, escasez de divisas, inflación creciente, presión sobre los carburantes y negociaciones con organismos internacionales abren dudas profundas sobre el futuro del modelo económico. Mientras el discurso oficial niega privatizaciones, tarifazos o ajustes, las señales apuntan a posibles cambios estructurales que podrían modificar el rol del Estado, la participación en sectores estratégicos y el costo de vida de millones de bolivianos. La pregunta ya no es solo cómo llegamos hasta aquí, sino quién terminará pagando la factura económica y política de las decisiones que vienen.
Las mentiras y la demagogia terminan convirtiéndose en una trampa cada vez más grande detrás de las palabras del Presidente. Después de afirmar reiteradamente que no privatizaría las empresas estratégicas y que no aplicaría tarifazos ni medidas de shock, hoy aparecen señales que generan dudas legítimas sobre el rumbo económico del país y sobre el verdadero alcance de las medidas que se preparan para enfrentar la crisis.
La economía boliviana atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. No solamente por factores externos o restricciones estructurales, sino también por decisiones políticas y económicas que habrían acelerado el desgaste interno del modelo económico. En apenas seis meses, el país habría acumulado más de 4.000 millones de dólares adicionales de endeudamiento, sin que ese incremento se refleje en mejoras visibles en infraestructura, productividad o calidad de vida. Mientras tanto, inflación, escasez de dólares, deterioro productivo y conflictividad social comienzan a converger peligrosamente.
El desgaste económico ya se siente en los hogares. Entre enero y principios de mayo existió una desaceleración del consumo que generó efectos similares a procesos deflacionarios en algunos sectores: menos liquidez, menor demanda y menor actividad económica. Sin embargo, ese escenario comenzó a transformarse rápidamente hacia algo más preocupante: una estanflación, es decir, bajo crecimiento económico acompañado por aumento de precios, debilitamiento productivo y mayores niveles de desempleo.
La principal preocupación aparece alrededor de los carburantes. Durante años, la subvención funcionó como un amortiguador económico; hoy, la falta de dólares y la presión fiscal parecen empujar un reajuste. Diversas estimaciones hablan de gasolina entre 9 y 14 bolivianos por litro y diésel entre 13 y 18 bolivianos. Si esto ocurre, el impacto sería inmediato: transporte más caro, incremento de costos agrícolas, alimentos más costosos y una mayor presión sobre los ingresos familiares.
Aquí aparece la primera gran contradicción política: si existía un ahorro prometido mediante ajustes a subvenciones, ¿dónde están esos recursos? Si el sacrificio ciudadano ya comenzó, ¿por qué la situación fiscal continúa deteriorándose?
A esto se suma otro elemento central: el financiamiento externo. El propio Gobierno confirmó acercamientos y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras circulan versiones sobre un posible financiamiento cercano a 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad. La pregunta razonable es simple: ¿cuáles serán las condiciones?
La discusión no gira únicamente alrededor del crédito, sino sobre las condiciones asociadas. Históricamente, diversos programas impulsados por organismos multilaterales incluyeron metas fiscales, reducción de subsidios, apertura económica, reformas regulatorias y menor participación estatal en actividades productivas. Por ello aparecen interrogantes inevitables.
¿Permitirá este proceso mantener intactas las empresas estratégicas? ¿Qué ocurrirá con YPFB, ENDE, COMIBOL y otras empresas públicas? ¿La discusión ya no es privatizar o no privatizar, sino definir qué porcentaje de participación estatal se mantendrá?
El debate adquiere más importancia cuando aparecen escenarios vinculados a hidrocarburos. Si existen proyectos exploratorios de alto riesgo donde el Estado reduzca su participación al 15% y el inversionista privado capture el 85%, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser económica: ¿cuánto de la renta estratégica quedará realmente para Bolivia?
También queda otra duda importante: si ya existían créditos aprobados con organismos multilaterales, ¿por qué buscar nuevos mecanismos de financiamiento? ¿Qué ocurrió con los recursos provenientes de créditos previos? ¿Qué pasó con más de 400 millones de dólares obtenidos este año? ¿Dónde están ejecutados y cuáles son sus resultados concretos?
Mientras tanto, persisten preguntas sin respuesta sobre combustibles: ¿por qué no existen responsables visibles por las denuncias relacionadas con gasolina de baja calidad? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Por qué persiste tanta opacidad en las compras energéticas?
La percepción que comienza a crecer es que Bolivia ingresa a un ajuste económico gradual. No necesariamente anunciado formalmente, pero sí visible en la reducción de subvenciones, el aumento progresivo de costos, la presión fiscal, la búsqueda acelerada de financiamiento externo y la discusión sobre nuevos esquemas de inversión en sectores estratégicos.
El debate de fondo ya no parece ser únicamente económico. La pregunta central es política: ¿estamos observando medidas temporales para estabilizar la economía o el inicio de una transformación estructural del modelo económico boliviano? Y si ese cambio ya comenzó, ¿por qué se sigue negando públicamente?
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