Por Martin Moreira Miembro de la Red Boliviana de Economía Política La anunciada rebaja salarial del 50% presentada por el gobierno de Rodrigo Paz
Por Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
La anunciada rebaja salarial del 50% presentada por el gobierno de Rodrigo Paz intenta instalar la imagen de un Estado austero y comprometido con el sacrificio nacional. Según el discurso oficial, el presidente y sus ministros devolverán voluntariamente el 50% de sus salarios para destinar esos recursos a proyectos de salud y educación. Sin embargo, detrás del impacto mediático de la medida aparecen más dudas que soluciones reales. Mientras el Ministro de Economía habla de un supuesto ahorro de 172,67 millones de bolivianos en cinco años, los cálculos básicos muestran que el recorte aplicado únicamente al presidente y sus ministros representaría apenas alrededor de 2,3 millones de bolivianos anuales, una cifra extremadamente menor frente a los 37 millones de bolivianos de ahorro anual que el Gobierno asegura alcanzar. Es decir, faltarían más de 34 millones de bolivianos para que las cuentas oficiales coincidan. La diferencia entre el discurso político y la realidad matemática abre interrogantes inevitables: ¿quiénes asumirán realmente el costo del ajuste?, ¿qué sectores del aparato estatal serán afectados?, y sobre todo, ¿por qué se presenta como “gran solución económica” una medida que tiene más impacto propagandístico que estructural en medio de una crisis marcada por inflación, escasez de combustible, pérdida del poder adquisitivo y creciente desconfianza social?
Hay momentos en la política donde el discurso deja de ser una herramienta de conducción y se convierte simplemente en un acto desesperado de supervivencia. La reciente intervención del presidente Rodrigo Paz parece responder exactamente a eso: un intento tardío de contener una crisis que ya se desbordó de las oficinas gubernamentales y se instaló en las calles, en los mercados, en el transporte y en la vida cotidiana de millones de bolivianos.
La pregunta inevitable es simple: si ahora entiende la gravedad de la situación, ¿por qué no actuó antes?
Durante meses, el gobierno negó la profundidad de la crisis económica. Minimizaron la inflación, relativizaron la mala calidad del combustible “Gasolina basura” que terminó afectando a miles de bolivianos, desacreditaron las protestas sociales y acusaron a cualquiera que cuestionara el rumbo económico de “desestabilizador”. Ahora, cuando los bloqueos paralizan regiones enteras y el malestar social es inocultable, el presidente Rodrigo Paz aparece hablando de diálogo, austeridad, inclusión y reformas estructurales, como si recién hubiera descubierto el país que gobierna.
Pero el problema no es solamente el retraso. El problema central es que detrás del discurso no existe una propuesta real de transformación económica ni social. Hay frases emotivas, apelaciones patrióticas y anuncios mediáticos, pero no existe una estrategia seria para enfrentar la crisis estructural que atraviesa Bolivia.
El llamado al diálogo, por ejemplo, suena vacío cuando durante meses el propio gobierno construyó confrontación política y descalificó a sectores movilizados. Decir ahora que “el bloqueo no es solución” parece más una consigna de desgaste que una voluntad genuina de escuchar las demandas populares. El diálogo verdadero no aparece cuando el gobierno pierde control; el diálogo debió existir antes de que el conflicto explotara.
Lo mismo ocurre con el anuncio de reducción salarial del 50% para el presidente y sus ministros. La medida intenta proyectar sacrificio y austeridad, pero tiene más de espectáculo político que de solución económica.
El ministro de Economía habla de un ahorro de 37 millones de Bs anuales, 24,67 millones de Bs el 2026 y 148 millones de Bs en los cuatro años restantes, sumando un total de 172,67 millones de Bs por la reducción salarial anunciada. Pero aquí aparecen varias dudas matemáticas y políticas.
El salario del presidente ronda los 24.978 Bs mensuales. Multiplicado por 13 pagos al año equivale aproximadamente a 315.328 Bs anuales. Si tomamos a los 15 ministros con un salario aproximado de 22.000 Bs mensuales, por 13 pagos, el gasto anual llega a unos 4.290.000 Bs. Sumando presidente y ministros, el costo anual total sería de 4.605.328 Bs.
Si el recorte es del 50 %, el ahorro real sería de apenas 2.302.664 Bs anuales.
Entonces surge la pregunta lógica: ¿de dónde salen los 37 millones de Bs de ahorro anual que anuncia el Gobierno?
Faltan más de 34 millones de Bs para llegar a esa cifra.
Por tanto, el ajuste no parece limitarse al presidente y ministros. La verdadera pregunta es: ¿a quiénes más les van a reducir salarios? ¿Viceministros? ¿Directores? ¿Funcionarios públicos? ¿Empresas estatales? ¿Consultores?
Porque las matemáticas no cierran y el discurso oficial deja más preguntas que respuestas.
Bolivia no está en crisis porque los ministros ganen mucho; Bolivia está en crisis porque no existe producción suficiente, porque el aparato estatal se volvió ineficiente, porque la dependencia externa creció y porque el gobierno no logró construir confianza económica ni estabilidad política. Reducirse salarios puede ser simbólico, pero no resuelve el colapso de reservas, la falta de dólares, la crisis energética ni el deterioro del poder adquisitivo.
En realidad, la medida parece diseñada más para titulares que para resultados. Una especie de populismo austero donde el gesto importa más que el impacto real.
El anuncio del Consejo Económico y Social también deja más dudas que certezas. Hablar de “2.000 proyectos nacionales” en medio de una economía paralizada suena más a propaganda que a planificación. Bolivia no necesita inflar números; necesita prioridades claras, inversión productiva, seguridad jurídica, estabilidad cambiaria y políticas de empleo concretas. El problema del gobierno es que continúa confundiendo cantidad de anuncios con capacidad de gestión.
Particularmente revelador fue el momento en que el presidente admitió errores en la conformación de su gobierno. Reconocer que faltó inclusión regional y sectorial después de seis meses de crisis política creciente no refleja humildad; refleja desconexión. Un gobierno que recién descubre la diversidad social y territorial de Bolivia demuestra que nunca comprendió realmente el país que pretendía administrar.
Más preocupante aún es la contradicción ideológica permanente del discurso presidencial. Por un lado niega cualquier privatización; por otro, habla de un avance “irreversible hacia el federalismo” sin explicar cómo se sostendrá económicamente ese modelo en un contexto de debilidad fiscal y fragmentación política. Parece un discurso armado para agradar simultáneamente a empresarios regionales, sectores conservadores y organizaciones populares, aunque esas agendas muchas veces sean incompatibles entre sí.
Ese es precisamente el núcleo de la demagogia: decirle a cada sector lo que quiere escuchar sin asumir el costo político de definir un rumbo claro.
Mientras tanto, el país continúa enfrentando problemas reales. El combustible escasea, los precios aumentan, el transporte colapsa por momentos y las familias sienten que el dinero ya no alcanza. Frente a eso, el gobierno responde con frases simbólicas y llamados abstractos a la unidad nacional.
Incluso el constante pedido de respaldo a la Policía y las Fuerzas Armadas deja entrever otra preocupación: la creciente pérdida de legitimidad política. Cuando un gobierno necesita insistir reiteradamente en el apoyo a las fuerzas del orden, generalmente es porque sabe que su capacidad de conducción política se está debilitando.
La tragedia boliviana actual no es solamente económica. Es también una crisis de credibilidad. La población ya no confía en discursos grandilocuentes ni en promesas de último momento. Y probablemente ahí reside el principal problema de Rodrigo Paz: intenta presentarse ahora como el líder dialogante y reformista que debió ser desde el inicio, pero lo hace cuando gran parte del país ya percibe que gobierna reaccionando a los acontecimientos y no conduciéndolos.
Porque cuando un presidente anuncia soluciones recién después de que el conflicto explotó, la ciudadanía entiende algo fundamental: no está gobernando; está intentando sobrevivir políticamente.
Y sobrevivir no es conducir un país.
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