Por Martin Moreira Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política Más de 60 puntos de bloqueo en todo el país no aparecen por casualidad. So
Por Martin Moreira
Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política
Más de 60 puntos de bloqueo en todo el país no aparecen por casualidad. Son el síntoma visible de una fractura económica, política y social que el gobierno de Rodrigo Paz ya no puede ocultar con discursos técnicos ni anuncios de último momento. Bolivia atraviesa una etapa donde el ciudadano común siente que trabaja más, gana menos y vive bajo una incertidumbre permanente, mientras una estructura estatal cada vez más privilegiada continúa blindando sus propios intereses; a esto se suma la intención de un Estado fallido de recurrir al FMI a espaldas de un pueblo movilizado, una señal que para muchos confirma que la crisis económica ya superó la capacidad de respuesta del discurso oficial y que el único camino que deja el poder es hipotecar el futuro de las próximas generaciones de bolivianos.
El problema ya no es solamente inflación. En las calles comienza a sentirse algo incluso más peligroso: una economía paralizada, deprimida, donde las familias dejan de consumir porque el dinero simplemente ya no alcanza. Comercios estancados, menor circulación económica, caída del consumo interno y sectores productivos asfixiados muestran señales de una especie de deflación social encubierta. El país se enfría económicamente mientras el Gobierno insiste en vender estabilidad.
Pero la indignación crece porque la austeridad nunca toca al poder.
Cuando la COB pidió un incremento salarial del 20%, el Gobierno respondió con la famosa frase:
“¿A quién le quito?”
Hoy la pregunta vuelve como un boomerang político contra el propio Ejecutivo.
¿A quién le quitó Rodrigo Paz para financiar bonos a policías en medio de denuncias de represión y gasificación de manifestantes? ¿A quién le quitó para otorgar bonos al magisterio rural, asegurados únicamente para la gestión 2026, pero que después dependerán de los recursos de gobernaciones y alcaldías prácticamente quebradas? ¿A quién le quitó para sostener aumentos salariales escandalosos dentro de empresas públicas mientras el ciudadano común ajusta su economía doméstica cada semana?
Porque recursos sí aparecen cuando se trata de garantizar lealtades políticas.
El Gobierno encontró dinero para prebendalizar sectores estratégicos mientras el resto del país enfrenta un ajuste silencioso. Policías beneficiados con bonos especiales en medio de protestas sociales y denuncias de represión. Dirigentes del magisterio contenidos con beneficios que difícilmente podrán sostenerse a futuro. Cooperativistas favorecidos con perdonazos de más de 95 millones de bolivianos, provenientes de fiscalizaciones y alivios sobre deudas acumuladas durante nueve años con la Caja Nacional de Salud. Todo bajo una lógica política de supervivencia y contención de conflictos antes que de soluciones estructurales.
La administración de Rodrigo Paz parece haber cambiado gestión económica por administración de conflictos.
Mientras tanto, la estructura del poder sigue intacta.
El país observa cómo algunos gerentes de empresas públicas reciben salarios que indignan en plena crisis económica. Casos como el de UniBienes, donde un gerente habría pasado de percibir 18 mil a 30 mil bolivianos mensuales, o ejecutivos de ENTEL que habrían incrementado sus ingresos de 30 mil a 65 mil bolivianos, profundizan la percepción de privilegio dentro del aparato estatal. Mientras tanto, la población enfrenta gasolina de mala calidad, pérdida del poder adquisitivo y una economía cada vez más deteriorada, alimentando así la sensación de desconexión total entre el Gobierno y la realidad cotidiana de la gente.
00¿Cómo se explica que en medio de una crisis fiscal existan gerencias estatales con salarios de decenas de miles de bolivianos? ¿Cómo se explica que mientras se pide sacrificio a trabajadores y municipios continúen gastos elevados, viajes internacionales y expansión burocrática?
El problema político de Rodrigo Paz es precisamente esa contradicción.
Habla de responsabilidad económica mientras mantiene privilegios internos.
Habla de estabilidad mientras Bolivia se bloquea.
Habla de sacrificio mientras el ajuste recae abajo y no arriba.
Y en medio de esa crisis aparece el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, convertido para muchos sectores en el rostro técnico de la improvisación económica del gobierno de Rodrigo Paz. Sus negociaciones para acceder a un crédito de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional encendieron alarmas sociales y políticas, debido al temor de que se esté hipotecando el futuro económico de los bolivianos en favor de unos cuantos corruptos y logias empresariales. La preocupación no surge únicamente por el monto millonario del endeudamiento, sino también por la intención de facilitar mecanismos de aprobación vinculados al Presupuesto General del Estado 2026, evitando un debate profundo y transparente en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ahí aparece uno de los puntos más delicados de esta coyuntura.
Muchos sectores sienten que el Gobierno ya no gobierna pensando en desarrollo nacional, sino únicamente en conseguir oxígeno financiero para sostenerse políticamente. La percepción crece: hipotecar futuro para administrar presente.
Y mientras eso ocurre, Bolivia entra en una peligrosa fatiga social.
Transportistas, maestros, gremiales, trabajadores independientes y sectores urbanos empiezan a coincidir en algo: el cansancio frente a medidas improvisadas, discursos contradictorios y una economía que ya no ofrece horizonte claro.
Los bloqueos no son solo protestas sectoriales.
Son un mensaje político nacional.
La gente percibe que el modelo actual protege corporaciones cercanas al poder mientras traslada el costo de la crisis al ciudadano común. El pequeño comerciante paga más por productos. El trabajador pierde capacidad de compra. El transportista enfrenta incertidumbre permanente. El joven deja de creer en futuro económico estable.
Pero arriba, el sistema sigue funcionando para unos pocos.
Por eso el desgaste del Gobierno ya no es únicamente económico: es moral y político.
Cada bono selectivo, cada perdonazo sectorial, cada privilegio burocrático y cada negociación opaca profundizan la sensación de que el país se administra bajo lógica de supervivencia política y no bajo una visión de nación.
Bolivia entra así en un escenario donde el verdadero conflicto no gira solamente alrededor de inflación o combustibles. El conflicto central es la pérdida de confianza.
Porque cuando un gobierno necesita comprar paz social con bonos, contener protestas con promesas futuras y negociar endeudamiento gigantesco mientras el país se bloquea, el problema ya no es técnico.
Es un problema de legitimidad.
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