La represión como preámbulo a la implementación del ajuste estructural

Estamos viviendo jornadas de movilización popular en respuesta al deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población del país y la explícita decisión del gobierno de Rodrigo Paz y la oligarquía representada por las cámaras empresariales y sus expresiones políticas que buscan enajenar los recursos naturales  mediante la implementación de una  represión creciente por parte del gobierno que en su afán de imponer su agenda, ha llegado al uso de la fuerza con movilización policial que ha desatado una sañuda represión con decenas de arrestados, heridos y posiblemente  muertos.

El Gobiernos de Rodrigo Paz, en su corto tiempo de vigencia, se ha alineado dócilmente a las directrices norteamericanas y sionistas, a quienes sin autorización legal han comprometido contratos de recursos naturales y minerales críticos y se ha puesto a disposición del escudo de seguridad nacional de los EEUU, junto con la ultraderecha latinoamericana, comprometiendo nuestra soberanía.

Prematuramente ha abandonado sus promesas electorales de mantener el Estado Plurinacional mostrando su alineamiento a las directrices oligárquicas. Inmediatamente después de su ascenso al poder, ha modificado completamente la agenda que había prometido a sus electores ha prescindido completamente de los factores y sectores que le habían permitido ganar las elecciones, entre ellos deshacerse de su vicepresidente y entregar la gestión de los ministerios a las oligarquías agroindustriales, los cooperativistas auríferos, sus amigos y familiares, que han mostrado una patética incompetencia técnica y política.

Ha eliminado completamente la participación de las organizaciones de trabajadores, rechazando inclusive sus pliegos petitorios que están establecidos en la legislación del trabajo, y mostrando un total desconocimiento de los procesos sindicales y la importancia histórica de los  trabajadores aglutinados en la Central Obrera Boliviana, en la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, pueblos indígenas y otras organizaciones, desconociendo las luchas gremiales, sindicales y por la defensa de la democracia.

Ha cometido una sucesiva cantidad de acciones dudosas que gradualmente han minado su credibilidad, la corrupción afecta directamente a la población, la venta de gasolina basura, el ingreso de decenas de maletas con dólares, las cajas fuertes vacías en la detención del narcotraficante Marset que derivan en una inexplicable cantidad de versiones que en definitiva no aclaran nada.

En el ámbito económico el gobierno ha comprometido y contraído una descomunal cantidad de préstamos externos incluyendo la colocación de bonos soberanos a un interés extremadamente alto y nunca ha explicado el destino de esos recursos y la capacidad financiera futura para el servicio de esta deuda, más allá del uso de estos recursos para pagar otros préstamos y la pignoración de las reservas de oro en condiciones dudosas.

Mientras perdona impuestos a las grandes fortunas, viene implementando impuestos a los gremiales que ahora pagarán el 5% sobre sus ventas, aspecto que repercutirá en el precio de los productos, como ya ocurrió con el incremento inicial de precios de los combustibles.

La incertidumbre que ha generado con sus múltiples errores propios, su alianza con empresarios agroindustriales y cooperativistas y su inocultable deprecio por las organizaciones de los trabajadores y el pueblo boliviano ha generado una temprana reacción de desconfianza de los trabajadores y el pueblo que nos han llevado a la situación actual de movilizaciones.

En respuesta el gobierno ha cedido en acuerdos leoninos con algunos sectores como las oligarquías agroindustriales, los empresarios, la banca y los cooperativistas, que paradójicamente han sido los causantes de la especulación y falta de divisas comerciales, en momentos de tanta necesidad de dólares para para nuestra economía. Y por otra parte ha regalado un bono de lealtad a los policías, para que al día siguiente salgan a reprimir rabiosamente al pueblo movilizado y en su primera intervención ya han generado decenas de detenidos, heridos y cuatro fallecidos.

Ante esta situación, la Red Boliviana de Economía Política, como parte del movimiento popular:

• Denunciamos que nos encontramos frente a una estrategia de represión ascendente que busca implantar un gobierno autoritario.
• Denunciamos que la intención de acallar al pueblo es resultado de la decisión gubernamental de implementar medidas económicas antipopulares como la devaluación de la moneda, la subida de precios, la flexibilización laboral.
• Denunciamos el sobreprecio en la importación de petróleo y carburantes, así como la falta de transparencia en el manejo de estos recursos, mientras el pueblo hace filas, enfrenta escasez y vive un constante incremento del costo de vida.
• Denunciamos el incremento constante de los precios de los servicios básicos que cada mes se constituyen en un peso más grande a las familias bolivianas.
• Rechazamos todo intento de privatización de nuestros recursos naturales y la apropiación ilegítima de la tierra de nuestras comunidades por parte de los agroindustriales.
• Rechazamos la represión del gobierno contra trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares movilizados.
• Las demandas del pueblo no se responden con gases, persecución ni muertos. Exigimos la identificación y sanción de los responsables políticos y materiales de los heridos y fallecidos durante la represión.
• Demandamos atención inmediata a los trabajadores y del pueblo boliviano, además de espacios reales de participación de las organizaciones sociales y sindicales.
• Denunciamos la entrega de recursos naturales y el sometimiento del país a intereses extranjeros y empresariales que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo.
• Exigimos una reconducción inmediata del gobierno y el nombramiento de autoridades
• Convocamos a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares a fortalecer la unidad y la movilización en defensa de la democracia, la soberanía y los derechos del pueblo boliviano.
• Si el gobierno no puede responder a las demandas justas del pueblo boliviano, ni detener la represión y la crisis que él mismo ha profundizado, lo invitamos a dimitir antes de seguir llevando al país a una mayor confrontación y sufrimiento del pueblo.

Nuestra América, 17 de mayo de 2026