Un Estado en crisis… pero con buena interfaz: entre renuncias, relojes y la app del PGE 2026

Por: Martin Moreira

Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana

Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, en gran medida como resultado de la ineficiencia, la improvisación y persistentes indicios de corrupción: un Estado cercado por prácticas cuestionables y una ineptitud que ya no se puede ocultar. En este contexto, la renuncia de Claudia Cronenbold no solo sacudió el escenario político, sino que expuso una realidad profunda: la negativa a encubrir procesos de gestión en YPFB y en el Ministerio de Hidrocarburos con serios indicios de irregularidades, apuntando a un ministro cuestionado por su inoperancia y por posibles actos de corrupción, como Medinacelli. Esta ruptura interna no es un hecho aislado, sino un síntoma del deterioro estructural del Estado. A ello se suma otro escándalo, el caso de Tuco “Potter” Oviedo, donde aparecen dólares y relojes de alto valor en circunstancias poco claras, presuntamente vinculados a bienes incautados, lo que refuerza la percepción de opacidad y alimenta sospechas sobre el manejo de recursos, convirtiéndose además en un tema políticamente sensible. Y como si fuera poco, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, lejos de brindar certidumbre, profundiza la preocupación al presentar una aplicación digital en lugar del esperado Presupuesto General del Estado 2026; los bolivianos no pedían una herramienta tecnológica, sino respuestas claras, cifras concretas y un rumbo económico definido para el país.

Tras esa introducción, queda analizar el contenido económico del llamado PGE 2026 “reformulado”. Sin embargo, el término reformulación parece vacío. Lo presentado no evidencia cambios estructurales ni una nueva visión económica. Más bien, se percibe como una simple adaptación digital de lo que dejó la anterior gestión, trasladado a una plataforma más moderna pero sin contenido innovador. Se desplegó un gran aparato comunicacional, con cámaras, periodistas y pantallas, pero el fondo sigue siendo el mismo. No hubo reformulación real. Lo único observable es una reducción aproximada de 6 mil millones de bolivianos en el gasto total, pasando de 396 mil millones a cerca de 390 mil millones.

El problema no es la reducción en sí, sino dónde se aplicó. Lejos de recortar el gasto burocrático o eliminar estructuras ineficientes del Estado, el ajuste golpea directamente a la inversión pública. Se reducen alrededor de 4 mil millones de bolivianos en sectores clave como salud, educación e infraestructura. Es decir, se recorta precisamente donde más impacto tiene en la calidad de vida de la población. La justificación, según el propio ministro, fue que esos proyectos no se iban a ejecutar, una afirmación que evidencia falta de planificación y de visión estratégica. A esto se suma la eliminación de aproximadamente 200 millones de bolivianos en publicidad estatal, lo que abre interrogantes sobre el funcionamiento de ciertos medios de comunicación y sobre la transparencia en la difusión de información pública. Además, se anticipan ajustes a gobernaciones y alcaldías, lo que genera preocupación en las regiones, especialmente en un contexto donde las demandas sociales siguen creciendo.

En cuanto al déficit fiscal, el gobierno proyecta un 9%, pero esta cifra resulta poco realista frente a las presiones actuales. La importación de gasolina de baja calidad ha generado costos adicionales significativos, obligando a la compra de diversos aditivos para intentar mejorar un combustible deficiente. Esta situación ya ha provocado daños en cerca de 1,7 millones de vehículos, cuyos costos de reparación, en muchos casos, deberán ser asumidos por el Estado. A ello se suma la falta de dólares para la importación de diésel, un problema que agrava aún más la incertidumbre energética.

Sin embargo, lo más preocupante es la falta de información clara: no se ha detallado cuánto dinero está presupuestado para carburantes, ni cómo se enfrentará esta crisis. Tampoco se han explicado aspectos clave como el nivel de ajuste económico, una posible devaluación de la moneda, el incremento en los precios de los combustibles o la eventual eliminación de la subvención al gas y a la energía eléctrica. Todo esto incrementa la presión sobre el sistema de subsidios y sobre la economía de los ciudadanos.

En este contexto, sostener una proyección optimista del 9% de déficit parece insostenible. Por el contrario, todo indica que el déficit podría acercarse más al 15%, reflejando una situación fiscal mucho más compleja de lo que se admite públicamente.

Otro punto relevante es el anuncio de auditorías a las empresas públicas. Si bien la medida puede parecer adecuada, su efectividad dependerá de la transparencia y del rigor técnico con el que se aplique. Una empresa pública debería ser considerada viable si cumple con sus obligaciones salariales, cubre sus costos operativos, paga sus deudas y genera algún nivel de ganancia. Según datos anteriores, una parte importante de estas empresas cumpliría con estos criterios, mientras que otras enfrentarían riesgos de liquidación. Sin embargo, la preocupación radica en que estas auditorías puedan ser utilizadas con fines políticos más que técnicos, generando mayor incertidumbre en lugar de soluciones.

En términos generales, el panorama económico que se proyecta es preocupante. Se habla de decrecimiento, inflación elevada y posibles ajustes estructurales que incluyen la reducción de subsidios a combustibles y energía, así como un eventual aumento en el costo de vida. Todo esto ocurre en un contexto donde no se han generado las condiciones necesarias para fortalecer el aparato productivo ni para impulsar un crecimiento sostenido. La economía parece avanzar sin un rumbo claro, dependiendo más de ajustes coyunturales que de una estrategia de largo plazo.

En conclusión, Bolivia no solo enfrenta una crisis económica, sino también una crisis institucional. Los escándalos de corrupción, la falta de planificación y la improvisación en la toma de decisiones están debilitando la confianza ciudadana. El país no necesita presentaciones llamativas ni herramientas digitales vacías, necesita políticas públicas claras, responsables y orientadas al bienestar de la población. El PGE 2026, tal como ha sido presentado, no responde a esas demandas. Por el contrario, deja en evidencia que el Estado no solo está cercado por la crisis, sino también por su incapacidad para gestionarla de manera efectiva.