Por: Martin Moreira Forama Parte de la de Red de Economía Política Boliviana En poco más de cien días, el gobierno de Rodrigo Paz ha instalado u
Por: Martin Moreira
Forama Parte de la de Red de Economía Política Boliviana
En poco más de cien días, el gobierno de Rodrigo Paz ha instalado una sensación inquietante en la opinión pública: la de una administración que avanza entre decisiones poco transparentes, versiones contradictorias y crisis mal gestionadas. Lo que debía ser una etapa de ordenamiento y confianza inicial se ha transformado en un escenario de dudas persistentes, donde cada nuevo episodio —desde conflictos internos hasta el polémico accidente aéreo en El Alto— profundiza la percepción de improvisación y debilita la credibilidad institucional.
Entre gallos y medianoche se toman decisiones que después el país entero tiene que intentar entender. Esa parece ser la lógica que ha marcado los más de cien días del gobierno de Rodrigo Paz: anuncios imprecisos, versiones contradictorias y respuestas que llegan tarde o no llegan. Lo que debería ser una etapa de consolidación inicial se percibe, en cambio, como un desgaste propio de varios años de gestión.
El episodio más reciente —el accidente del avión en El Alto— se ha convertido en el símbolo de esta crisis de credibilidad. Aún no existe una versión clara y unificada sobre si la aeronave despegaba o aterrizaba. Esa contradicción inicial, lejos de ser un detalle menor, abrió una cadena de dudas que el Estado no ha sabido cerrar.
El transporte de dinero y las preguntas sin respuesta
Uno de los puntos más polémicos es el traslado de papel moneda a través de la Fuerza Aérea Boliviana. De acuerdo con la Ley de Servicios Financieros N.º 393, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es la entidad que autoriza y supervisa a las Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores (ETM), encargadas de movilizar grandes sumas de dinero bajo estrictos protocolos de seguridad. Habitualmente, este tipo de operaciones se realiza mediante compañías especializadas y aseguradas, como Brinks. Si en este caso se optó por un mecanismo distinto, corresponde al gobierno explicar con claridad las razones técnicas y normativas que justificaron esa decisión.
¿Por qué no hubo personal especializado en la recepción del dinero en La Paz? ¿Bajo qué protocolo se realizó el traslado? ¿Se cumplían las condiciones técnicas de seguridad y custodia? Estas preguntas deberían ser respondidas con documentación, no con silencio.
El rol del Banco Central de Bolivia y del Ministerio de Economía es central. Son esas instancias —no declaraciones políticas generales— las que deben aclarar la cadena de custodia, los códigos de serie y el procedimiento posterior al accidente.
La anulación de la serie B y el caos financiero
Otro elemento que profundizó la incertidumbre fue el comunicado que anulaba la “serie B” de determinados billetes, pese a que ya circulaban desde hacía meses. La decisión generó confusión inmediata: comerciantes que dudaban en recibir efectivo, ciudadanos preocupados por el valor de su dinero y una sensación de improvisación difícil de disimular.
Posteriormente se aclaró que no toda la serie quedaba fuera de circulación, sino determinadas subseries bajo observación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En materia monetaria, la confianza es un activo fundamental: se construye lentamente y puede perderse en cuestión de horas.
Si existieron billetes dañados, quemados o presuntamente sustraídos tras el accidente, corresponde informar con precisión qué códigos fueron afectados y cómo se evitará que circulen de manera irregular. La transparencia técnica es la única forma de frenar la especulación.
La actuación policial y la percepción de encubrimiento
A la incertidumbre económica se sumaron cuestionamientos sobre el accionar policial en el lugar del siniestro. Testimonios que hablan de quema de papel moneda, de falta de priorización en la atención a heridos y de desorganización operativa alimentan la sospecha social.
En una contingencia de esa magnitud, los protocolos deberían dividir claramente tareas: rescate y atención médica, por un lado, resguardo de valores y evidencia por otro. Si hubo errores, deben investigarse. Si hubo negligencia, debe asumirse. El silencio institucional solo multiplica versiones no verificadas.
Un patrón que se repite
El accidente no es un hecho aislado en la percepción pública. Se suma a otros escándalos: denuncias sobre sobreprecios en combustibles, gobernar mediante decretos, tensiones internas entre autoridades como el capitán Lara y el presidente, cuestionamientos por maletas vinculadas a narcotráfico o medidas tributarias vistas como beneficios a grandes sectores económicos.
Más que cada caso por separado, preocupa el patrón: decisiones poco explicadas, comunicación deficiente y rectificaciones posteriores que no logran cerrar la herida inicial. Así, más de cien días parecen cuatro años.
Gobernar es generar certeza
Un país puede soportar errores; lo que no puede tolerar es la opacidad permanente. Cuando el gobierno cambia versiones, emite comunicados contradictorios o actúa sin claridad normativa, erosiona la base misma de la estabilidad institucional: la confianza.
Si algo necesita Bolivia hoy no es más confrontación, sino información verificable, protocolos claros y responsabilidades definidas. Gobernar no es reaccionar a la crisis; es anticiparla, gestionarla con transparencia y rendir cuentas sin ambigüedades.
Han pasado poco más de cien días del gobierno de Rodrigo Paz y la sensación predominante no es la de un comienzo prometedor, sino la de una administración atrapada en sus propias contradicciones. La pregunta sigue abierta: ¿corregirá el rumbo o normalizará la incertidumbre como forma de gestión?
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