Entre el gas y el silencio del luto: un país en alerta

Por: Evaristo Paramo

Miembro de «Los Invisibles en Pie»

Colectivo de conciencia social

Hay días en los que un país respira distinto. El aire, que debería oler a lluvia o a tierra mojada, vuelve a cargarse de un humo áspero que irrita no solo los ojos, sino la memoria colectiva. En La Paz, ese olor reapareció primero sobre los cuerpos frágiles de personas con discapacidad, dispersadas entre golpes y agentes químicos como si pedir dignidad fuera una falta. Y mientras aún flotaba el rastro de ese gas injusto, otro humo—más denso, más definitivo—se levantó en Colcapirhua, donde dos vidas quedaron tendidas en el polvo tras el estruendo de las balas. Así, entre respiraciones cortadas y silencios abruptos, Bolivia descubre que el dolor puede regresar sin aviso, como si jamás se hubiera ido.

Bolivia volvió a sentir el olor acre del gas lacrimógeno. Primero fue la represión contra personas con discapacidad, que terminaron dispersadas a golpes y agentes químicos; luego, en Colcapirhua, dos ciudadanos murieron por impactos de bala en un operativo policial. Dos hechos en menos de una semana, dos señales de un viraje preocupante en la relación entre el poder y la fuerza pública.

Durante la gestión de Luis Arce, cada uso de gas —aun en circunstancias de tensión— era motivo de escándalo mediático y de titulares que denunciaban represión. Hoy, bajo la administración de Paz, las muertes parecen relativizarse y los mismos medios afines al gobierno se apresuran a señalar que “no era tuición del Estado”, que la Policía actuó por su cuenta, como si los uniformados no respondieran a una cadena de mando claramente establecida por la Constitución.

¿Puede realmente la Policía actuar sin orden superior? ¿Es verosímil que un operativo con armas letales ocurra sin conocimiento del Ministerio de Gobierno? Las autoridades aseguran que no autorizaron el uso de fuerza extrema y prometen investigaciones; sin embargo, la narrativa oficial intenta separar responsabilidades justo donde la ley establece dependencia directa del Ejecutivo.

La muerte de dos ciudadanos y la golpiza a personas con discapacidad abren una interrogante mayor: ¿es este el nuevo estándar de actuar frente al conflicto? Y, sobre todo, ¿qué pasará cuando llegue el inevitable ajuste económico y las protestas se multipliquen? Por ahora, quedan las preguntas suspendidas en el aire, junto con el eco de los disparos y el humo del gas, recordando que el uso de la fuerza nunca es neutro y siempre revela el verdadero rostro del poder.

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