El germen liberal de la corrupción: cuando el mercado devora la ética

Por: Martin Moreira

Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana

El germen liberal de la corrupción, que se propagó en América Latina bajo el discurso de la eficiencia económica y la libertad de mercado, parece haber encontrado en Bolivia un nuevo terreno fértil. Lo que, en Brasil con Jair Bolsonaro, en Argentina con Javier Milei y en Perú con Dina Boluarte se presentó como una cruzada contra la “casta política” terminó desnudando la misma trama de intereses privados, escándalos financieros y uso patrimonialista del poder que caracteriza a las derechas contemporáneas del continente. En los tres casos, el denominador común fue la corrupción: gobiernos que se autoproclamaron moralizadores pero que, en nombre del liberalismo, abrieron las puertas a la impunidad, al saqueo institucional y a la descomposición ética del Estado. Ese fenómeno ahora asoma con fuerza en Bolivia, donde el escenario electoral que comienza a configurarse para los próximos comicios dibuja un panorama inquietante: candidatos a la presidencia enfrentan procesos judiciales por corrupción; un aspirante a la vicepresidencia que tiene nexos con quienes llevaron a la quiebra a un banco del sistema financiero y se benefició económicamente de ese colapso, mientras otro vicepresidente arrastra juicios por estafa, y no faltan aquellos cuyos vínculos con conglomerados transnacionales despiertan sospechas sobre sus verdaderas lealtades y sobre el destino de los recursos estratégicos del país. En un contexto de crispación social y desconfianza generalizada hacia la clase política, los mismos rostros que prometen “salvar la economía” aparecen asociados a intereses que buscan desnacionalizar los recursos, entregar sectores estratégicos y revertir los avances sociales de las últimas décadas. Este clima electoral, donde el discurso anticorrupción convive con prontuarios judiciales y los llamados a la transparencia se mezclan con alianzas empresariales opacas, no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia regional más amplia en la que la corrupción, la impunidad y la hipocresía ideológica se han convertido en el verdadero lenguaje común de las élites políticas latinoamericanas.

En América Latina, los escándalos de corrupción no distinguen ideología ni bandera. Gobiernos liberales, conservadores o autodenominados reformistas comparten un mismo talón de Aquiles: la captura del Estado por intereses privados, la manipulación del poder judicial y el uso del aparato público como botín político. Lo que debería ser un síntoma aislado se ha vuelto un patrón estructural que erosiona la confianza ciudadana y deja a los países atrapados en un ciclo de descrédito y cinismo político.

Desde el Brasil de Jair Bolsonaro hasta la Argentina de Javier Milei, pasando por la reciente crisis en Perú, la región parece condenada a reproducir la misma escena: líderes que ascienden prometiendo limpieza moral y terminan envueltos en las mismas prácticas que denunciaban. La corrupción no es solo un acto puntual, sino una cultura política profundamente arraigada que atraviesa a todo el espectro ideológico.

Bolsonaro, quien se presentó como el adalid contra la “vieja política”, terminó cercado por investigaciones por malversación, vínculos con milicias y manipulación de fondos públicos. Milei, el autoproclamado libertario que prometió “dinamitar la casta”, enfrenta denuncias por manejos irregulares en su entorno, caída de popularidad y un creciente desgaste interno en su gobierno. En ambos casos, la retórica antisistema se convirtió en un instrumento de poder, no en un proyecto de transformación ética.

El fenómeno no se limita al Cono Sur. En Perú, la destitución de Dina Boluarte y la llegada al poder de José Jerí confirman que el problema trasciende las ideologías. La Fiscalía peruana ha solicitado impedir que la expresidenta salga del país mientras se la investiga por presuntos actos de corrupción vinculados a su entorno más cercano. Boluarte, quien comenzó su carrera bajo la bandera de la izquierda, terminó abrazando un discurso autoritario y una gestión marcada por la represión. Su tránsito de Perú Libre —partido de raíz socialista— hacia una administración con tintes conservadores y tecnocráticos revela la plasticidad del poder cuando la ética se diluye en el pragmatismo.

Boluarte cayó por una moción de censura que declaró su “incapacidad moral” para gobernar. En realidad, cayó víctima del mismo Congreso que la sostuvo durante tres años, una institución cuya desaprobación roza el 90%. La política peruana, fragmentada y oportunista, se ha vuelto un tablero donde nadie gobierna más allá de unos meses sin ser devorado por las propias reglas que construyó. En nueve años, el país ha tenido siete presidentes. El poder se ha vuelto un ejercicio efímero y casi ritual de desgaste.

Su sucesor, José Jerí, encarna un tipo de liderazgo emergente: joven, carismático en las redes, conservador en valores y superficial en convicciones. Denunciado por violación y con antecedentes de corrupción archivados, Jerí intenta proyectar una imagen de renovación, pero su historial en redes —donde dejó rastros de comentarios misóginos y sexistas— revela un fondo preocupante. Frases como “Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras. ¡Son un encanto!” o “Una mujer guapa que fuma es doblemente guapa” exponen una mentalidad anclada en la banalización del otro, en especial de las mujeres.

Ese tipo de discursos, lejos de ser anecdóticos, son expresión de una corriente política que avanza en la región: una derecha populista y ultraconservadora que combina neoliberalismo económico con regresión cultural. En nombre de la libertad, reinstala viejos prejuicios: xenofobia, misoginia, desprecio por los movimientos sociales y negacionismo histórico. En Perú, Jerí ha prometido “recuperar los valores tradicionales” y “restablecer la autoridad”, consignas que, traducidas en la práctica, implican endurecer la represión, criminalizar la protesta y recentralizar el poder.

El viraje de Boluarte y el ascenso de Jerí reflejan el colapso ideológico del sistema político peruano. Las etiquetas de izquierda y derecha se diluyen en un pragmatismo de supervivencia donde lo que importa no es el programa, sino la lealtad circunstancial. Esa fragilidad ideológica es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Sin principios sólidos, el poder se convierte en un fin en sí mismo.

Mientras tanto, la población peruana observa con escepticismo. Las calles se llenan de jóvenes que, más que ideologías, exigen ética. No piden un gobierno de izquierda o derecha, sino uno que funcione, que no robe y que no mate. La Generación Z, que ha protagonizado las recientes protestas, expresa un hartazgo profundo ante una clase dirigente que los traiciona una y otra vez. “Estamos cansados —decía un estudiante limeño—. Sacan a un presidente, y no cambia nada. Queremos que se acabe la impunidad, que se acabe la corrupción”.

La corrupción se ha convertido en un lenguaje común. Es el único idioma que comprenden por igual las élites progresistas y los conservadores tradicionales. Lo que cambia es el tono del discurso: unos la justifican como “necesidad política”, otros como “costo de la eficiencia”. En ambos casos, el resultado es el mismo: desinstitucionalización, precariedad moral y ciudadanos cada vez más desconectados de sus representantes.

Lo más preocupante es la deriva cultural que acompaña este fenómeno. En la medida en que la corrupción se naturaliza, también se normalizan discursos de odio. La xenofobia, el machismo y la intolerancia se convierten en válvulas de escape ante la frustración social. Los líderes conservadores más radicales han comprendido que es más fácil culpar al inmigrante, a la mujer empoderada o al joven rebelde que enfrentar las raíces estructurales de la crisis.

Perú no es una excepción. Es un espejo en el que se reflejan las contradicciones de toda la región. Las promesas de eficiencia liberal chocan con la realidad de gobiernos plagados de escándalos. Las banderas de la moralidad conservadora se deshilachan en medio de tuits misóginos y redes de favores. Y la izquierda, cuando olvida su vocación ética y se acomoda al poder, termina siendo indistinguible de aquello que juró combatir.

El desafío para América Latina no es solo económico, sino moral y cultural. Necesita reconstruir el sentido de la política como servicio público, no como plataforma de enriquecimiento personal. Recuperar la confianza de los ciudadanos requiere más que discursos anticorrupción: demanda coherencia, transparencia y una nueva pedagogía cívica.

En el fondo, lo que se disputa no es simplemente quién gobierna, sino cómo se concibe el poder. Mientras el poder siga siendo botín y no responsabilidad, la región seguirá repitiendo su tragedia. De Milei a Bolsonaro, de Boluarte a Jerí, el guion es el mismo: líderes que suben como salvadores y caen como culpables. Lo que cambia es el escenario, no el libreto.