Bolivia entre dos rumbos: el dilema post-electoral entre liberalización y soberanía productiva

Por: Martin Moreira

Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política

Bolivia se asoma a un decisivo punto de inflexión donde, el verdadero peligro no está sólo en la elección entre dos modelos, sino en cómo esa elección se presenta como inevitable y natural. Tras las elecciones, el país enfrenta el dilema de abrirse al guion del FMI —con privatizaciones, ajuste fiscal y la promesa de mercados complacidos— o reafirmar un proyecto soberano-productivo que preserve al Estado como garante del desarrollo y la redistribución, aunque precise reformas para atraer capitales sin perder el timón nacional. Ambos caminos comparten la urgencia de captar inversión externa, pero difieren radicalmente en quién debe pagar el costo: ¿será la población, a través del retroceso social y la subordinación económica, o se logrará un equilibrio que proteja la soberanía y la inclusión? En esta encrucijada, el desafío no radica simplemente en optar por uno u otro camino, sino en cuestionar las propias coordenadas del debate, para evitar que el horizonte de justicia social se sacrifique en el altar de la eficiencia o del temor a la escasez.

Bolivia se aproxima a un momento clave de definiciones. Las elecciones nacionales de agosto podrían marcar un giro en el rumbo económico que ha caracterizado al país en las últimas dos décadas o, por el contrario, profundizar un modelo que ha combinado crecimiento con inclusión social, aunque no sin tensiones estructurales. El debate se ordena en torno a dos grandes escenarios post-electorales, cada uno con implicaciones profundas para el Estado, el mercado, el papel del capital extranjero y la vida cotidiana de millones de bolivianos.

De un lado, se perfila la posibilidad de un giro hacia políticas de apertura lideradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que conllevaría un rediseño del modelo actual, implicando privatizaciones, liberalización del tipo de cambio, ortodoxia fiscal y una reducción del Estado como actor económico. Del otro, se contempla un escenario de continuidad con ajustes: una evolución del modelo soberano-productivo que preserve el rol protagónico del Estado en sectores estratégicos, pero que modernice su marco contractual para captar inversiones, generar divisas y consolidar las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Ambas alternativas reconocen una premisa común: la urgencia de atraer capital extranjero para dinamizar la economía, diversificar la matriz productiva y sostener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, divergen en el modo de hacerlo y en el peso que se concede a la soberanía económica frente a las demandas del mercado global. Este artículo explora con detenimiento los dos escenarios, sus oportunidades, riesgos y el delicado equilibrio que Bolivia deberá encontrar para no sacrificar ni desarrollo ni inclusión.

Escenario I: apertura al FMI, privatización y redefinición del Estado

Los pilares del giro liberal

El primer escenario post-electoral implica la adopción de un enfoque económico alineado con las recomendaciones del FMI, similar a los planes de ajuste estructural que Bolivia experimentó en los años 1980 y 1990. El objetivo explícito sería restaurar la confianza de los mercados internacionales, garantizar el acceso a financiamiento externo en condiciones preferenciales y corregir desequilibrios fiscales que amenazan la sostenibilidad de la deuda.

Para lograrlo, se plantearían medidas como:

• Privatización parcial o total de empresas públicas para obtener ingresos inmediatos y reducir el peso del Estado en la economía.
• Flexibilización del mercado laboral, facilitando despidos y renegociación de contratos para hacer más competitivo el costo empresarial.
• Eliminación o reducción de subsidios a combustibles, alimentos y servicios, considerados distorsionadores del mercado.
• Desregulación del sistema financiero, liberalizando tasas de interés y retirando exigencias de créditos dirigidos a sectores productivos.
• Ajuste fiscal severo, con recortes al gasto público, incluidos programas sociales, para reducir el déficit.
• Liberalización del tipo de cambio, permitiendo que la moneda boliviana flote libremente frente al dólar. Si bien esta medida podría contribuir a corregir desequilibrios externos, también implicaría un encarecimiento de los alimentos, insumos y productos importados. En síntesis, ello se traduciría en un aumento de la pobreza y del desempleo, replicando el sello característico de las políticas del FMI al ingresar a Bolivia.

Ventajas esperadas: señales para los mercados

Los defensores de este modelo argumentan que estas reformas enviarían señales contundentes a los inversores globales, bancos y calificadoras de riesgo, facilitando la colocación de bonos soberanos a tasas más bajas y abriendo la puerta a flujos de Inversión Extranjera Directa (IED).

Al atraer capitales, el país podría financiar obras de infraestructura, modernizar industrias y mejorar su balanza de pagos. Además, la disciplina fiscal y la liberalización del tipo de cambio se ven como condiciones necesarias para corregir desequilibrios acumulados, evitando presiones inflacionarias y riesgos de crisis cambiarias.

Riesgos sociales y políticos: la otra cara del ajuste

Sin embargo, las experiencias previas en Bolivia y América Latina muestran que este tipo de programas conllevan elevados costos sociales, al menos en el corto y mediano plazo. En los 90, Bolivia logró controlar la inflación, pero al precio de una contracción del empleo formal, aumento de la pobreza y crecimiento de la informalidad.

Los riesgos identificados incluyen:

• Aumento de la pobreza y la desigualdad, al retirarse subsidios y debilitarse los programas sociales que actúan como red de contención.
• Encarecimiento del crédito, al liberalizarse tasas y eliminarse fondos de garantía o créditos dirigidos a vivienda y producción.
• Desempleo e informalización, producto de la flexibilización laboral y menor inversión estatal directa.
• Erosión del poder adquisitivo, especialmente si la liberalización cambiaria provoca una devaluación brusca.
• Pérdida de soberanía económica, al supeditar las políticas nacionales a metas de ajuste dictadas por organismos multilaterales.

El factor político: gobernabilidad y memoria histórica

Para implementar un plan de esta naturaleza se requeriría un consenso político amplio y reformas legislativas profundas. Sin embargo, Bolivia es un país con una memoria colectiva muy crítica respecto al neoliberalismo de fin de siglo pasado, lo que anticipa resistencias sociales importantes.

Sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas y sectores urbanos que dependen del gasto público podrían movilizarse, elevando el riesgo de conflictividad. Sin políticas de compensación efectivas, el nuevo contrato social necesario para sostener este modelo sería difícil de construir.

Escenario II: continuidad con ajustes, fortalecimiento del modelo soberano-productivo

Ajustes estratégicos sin renunciar a la soberanía

El segundo escenario se inscribe en la evolución del modelo económico vigente, que prioriza el papel del Estado como motor del desarrollo, redistribuidor del ingreso y garante de la soberanía sobre los recursos naturales. Sin embargo, reconoce que son necesarios ajustes normativos e institucionales para dinamizar sectores clave, captar divisas y sostener las RIN.

Este camino no implica una apertura irrestricta ni un retiro del Estado, sino:

• Revisión de contratos en minería, hidrocarburos y agroindustria, para dar mayor seguridad jurídica a los inversores, pero asegurando regalías, participación accionaria estatal y cuidado ambiental.
• Alianzas público-privadas e incentivos tributarios selectivos, orientados a proyectos con alto potencial exportador y tecnológico.
• Acceso a financiamiento externo sin condicionalidades estructurales, preferentemente mediante créditos bilaterales o multilaterales que no exijan reformas fiscales o laborales.
• Diversificación productiva, apostando por el litio, el hidrógeno verde, la agroindustria de alimentos procesados y la manufactura ligera.
• Fortalecimiento de las RIN mediante exportaciones, reduciendo la presión sobre el tipo de cambio y evitando depreciaciones abruptas.

Beneficios: estabilidad con inclusión

La gran ventaja de este enfoque es que permite sostener políticas de inclusión social, subsidios selectivos y programas de industrialización, protegiendo el tejido productivo local. Al mismo tiempo, promueve una modernización gradual que puede mejorar la competitividad sin sacrificar empleo ni derechos laborales.

También se busca preservar la soberanía económica, evitando ceder decisiones clave a organismos multilaterales o depender exclusivamente de ciclos de precios internacionales. La participación estatal en empresas mixtas asegura que parte de las utilidades queden en el país para reinversión en infraestructura y gasto social.

Desafíos: burocracia, corrupción y necesidad de eficiencia

Este modelo no está exento de riesgos. Para que funcione necesita:

• Un Estado más eficiente, transparente y técnico, que reduzca la corrupción y la burocracia que desincentivan la inversión.
• Reglamentos claros que eviten arbitrariedades contractuales, garantizando el cumplimiento de los compromisos.
• Infraestructura logística y energética suficiente para soportar la ampliación de las exportaciones.
• Capacidad institucional para negociar contratos beneficiosos, evitando asimetrías con grandes multinacionales.

Si estos desafíos no se enfrentan, el modelo corre el riesgo de estancarse, depender de rentas extractivas de corto plazo y no avanzar hacia una economía industrializada y sostenible.

Comparación final: dos visiones de desarrollo

Reflexión final: un equilibrio necesario

Ambas rutas persiguen metas legítimas: más inversión, empleo, divisas y estabilidad macroeconómica. Pero difieren en el costo social, el riesgo de pérdida de soberanía y la velocidad de sus impactos.

La historia boliviana muestra que modelos impuestos con rapidez y sin redes de protección han terminado fracturando el tejido social y debilitando la legitimidad del Estado. Sin embargo, también evidencia que el exceso de rigidez normativa o la falta de garantías para inversores pueden frenar proyectos necesarios para diversificar la economía y reducir la dependencia de importaciones.

El gran reto del próximo ciclo político será hallar un punto intermedio: asegurar un ambiente propicio para la inversión y la modernización productiva, pero sin desmantelar el papel redistributivo del Estado ni comprometer la soberanía sobre los recursos estratégicos. Para ello, Bolivia necesita fortalecer sus instituciones, construir consensos y diseñar políticas que trasciendan el ciclo electoral, apostando a un horizonte de desarrollo inclusivo y sostenible