Crisis energética y política: La doble amenaza que enfrenta el país

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

La crisis de carburantes en el país debe analizarse desde dos perspectivas fundamentales: la internacional y la nacional. A nivel global, el alza en los precios del diésel y la gasolina, impulsada por la escasez de combustibles fósiles, la reactivación económica postpandemia y conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania, ha generado una inflación que afecta el transporte y los productos básicos. En el ámbito nacional, esta situación se agrava por la falta de dólares, el encarecimiento de la canasta familiar y bloqueos que han interrumpido la cadena de suministros. Además, se denuncian acciones de sabotaje económico con fines políticos, mientras el gobierno mantiene la subvención de 3.349 millones de dólares para evitar un impacto mayor en la población.

Para comprender la crisis de carburantes en el país, es necesario contextualizarla dentro de una crisis global de los combustibles fósiles, que ha provocado un aumento en los precios del diésel y la gasolina, afectando a los consumidores a nivel mundial y exacerbando la inflación en los alimentos. Los recientes incrementos en los precios de los combustibles en países como Brasil y Perú, impulsados por ajustes en los impuestos estatales, han encarecido el transporte y, como resultado, los productos básicos.

El sector alimentario, ya golpeado por la inflación, enfrenta incrementos significativos, como alimentos cárnicos, cereales y aceites, nivel global, la inestabilidad energética, exacerbada por la reactivación económica postpandemia y conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania, ha generado un encarecimiento del petróleo y el gas natural. Esto ha impactado economías de Europa, China y otras regiones emergentes, donde la escasez de combustible ha aumentado la pobreza extrema.

En una comparación de precios, en Bolivia se han congelado los valores del diésel y la gasolina en 3,72 y 3,74 bolivianos por litro, respectivamente, mientras que en países de la región los precios se han multiplicado por tres. En Perú, el litro de gasolina cuesta 7,19 bolivianos, y en Uruguay alcanza los 12,79 bolivianos el litro. Esto debería llamar la atención sobre cómo el Estado boliviano está contribuyendo a que la crisis energética global no afecte el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, como parte de una política de vocación social.

En este contexto se tiene también que hablar de lo que ocurre en el país en un contexto marcado por la escasez de combustibles, la falta de dólares en el mercado nacional y el incremento en los precios de la canasta familiar, se ha denunciado un sabotaje económico y político por parte de la oposición con fines electorales. Esta situación, según diversas fuentes, no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos meses debido a la coyuntura política electoral.

Este asedio a la economía de los bolivianos, con el propósito de afectar la gestión del Estado, se intensificará en los próximos meses en un intento de minar la estabilidad del país y generar incertidumbre en la población. En este contexto, se señala como responsables a los políticos «de siempre» y a los «no nuevos», actores que, pese a no haber contribuido al desarrollo nacional, hoy intentan posicionarse como salvadores de una crisis que ellos mismos han provocado desde sus curules en el Parlamento y a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Mediante análisis basados en especulaciones, buscan generar inestabilidad social, al tiempo que son responsables de la inflación de 2024, que alcanzó el 9,97% debido a los bloqueos y a la ralentización de las exportaciones.

Uno de los puntos críticos en este escenario es la no aprobación de proyectos de ley relacionados con créditos internacionales, los cuales superan los 1.667 millones de dólares. Según denuncias, senadores de la oposición han obstaculizado estas iniciativas, afectando la economía popular y atentando contra la estabilidad financiera del país.

Además, se han articulado acciones para acortar el período constitucional con el fin de adelantar las elecciones generales, programadas para el 17 de agosto de este año. Esta propuesta ha sido interpretada como una estrategia con intereses económicos vinculados a fines políticos, en un intento de generar desestabilización y presión en la opinión pública.

Escasez de Combustibles y la Posición de YPFB

En los últimos días, las largas filas en las estaciones de servicio han evidenciado una crisis en el abastecimiento de combustibles, afectando tanto a la población como al sector productivo, que se encuentra en emergencia por la falta de diésel y dólares. Frente a esta problemática, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha indicado que los precios de los combustibles en el país se mantienen por debajo de los vigentes en los mercados de la región.

Según YPFB, la comercialización de biodiésel permitirá una reducción de la subvención entre el 40% y el 60% por litro vendido.

El Estado ha redoblado esfuerzos para asegurar el suministro de carburantes. Ayer, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que dos buques están descargando diésel y gasolina en Chile. Sin embargo, esta problemática surge principalmente debido a la crisis política que provocan corte de vías como el bloqueo en Yacuiba ha interrumpido la cadena de suministros, lo que agrava aún más la situación, dado que el país importa más del 85 % de sus combustibles. Si un 30 % de lo necesario no logra ingresar, el cálculo logístico se torna crítico, provocando desajustes en la distribución, desabastecimiento y retrasos en las entregas a las estaciones de servicio.

Con un subsidio a los carburantes de 3.349 millones de dólares en 2024 para mantener estables los precios, el Estado asume este costo para que las clases vulnerables no sufran un incremento de más del 100 % en sus bolsillos. Sin embargo, los sectores que abogan por la eliminación del subsidio buscan favorecer intereses ajenos al pueblo, con la intención de entregar los recursos no renovables del país al Fondo Monetario Internacional y beneficiarse personalmente de su explotación.

Otro factor fundamental es que, tras el mal manejo de la nacionalización y la falta de exploración debido a la ineficiencia de los ministros durante el gobierno de Evo Morales, la producción de petróleo en el país cayó de un pico de 18.640 barriles diarios a 7.579 barriles en 2024. Esto ha incrementado significativamente el grado de importación de diésel en un 85% y de gasolina en un 50%, lo que ha provocado un aumento dramático en la subvención.

Ante este panorama, se ha exhortado a la Asamblea Legislativa a aprobar los créditos internacionales pendientes, con el objetivo de paliar la crisis económica y garantizar el abastecimiento de combustibles. Mientras la oposición insiste en la desestabilización y el adelanto electoral, el gobierno mantiene su postura de defensa de la estabilidad y el desarrollo del país.

Además, esta situación es aprovechada por los contrabandistas, quienes lucran con la escasez. Según mi análisis, a estos se les debería imponer penas de hasta 20 años de cárcel y la reversión de todas sus propiedades por traición a la patria.