¿Qué papel juegan las tensiones geopolíticas en las calificaciones crediticias?

Por: Martin Moreira

Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana

El análisis pone en evidencia la falta de imparcialidad y el posible sesgo político de Fitch Ratings al evaluar la calificación crediticia de Bolivia. A pesar de los datos positivos, como el cumplimiento del 100% de las obligaciones externas, la estabilidad y el crecimiento de las reservas internacionales, y los avances en la industrialización y sustitución de importaciones, la calificación otorgada no parece reflejar la realidad económica del país. Además, el historial de cuestionamientos hacia las agencias calificadoras, en especial su rol en la crisis financiera de 2008, refuerza las dudas sobre la transparencia y objetividad de sus evaluaciones, especialmente en contextos geopolíticos complejos.

Las tensiones geopolíticas en el mundo se han intensificado tras la reciente elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Estas tensiones afectan diversos sectores económicos, incluyendo el de las agencias calificadoras de riesgo, como Fitch Ratings.

Fitch Ratings es conocida por otorgar calificaciones a países, empresas y entidades de intermediación financiera, evaluando su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, su modelo de negocio, basado en recibir pagos de quienes solicitan sus evaluaciones, ha generado cuestionamientos sobre conflictos de interés y su imparcialidad.

Un ejemplo clave de estas problemáticas se dio durante la crisis financiera de 2008. Fitch, junto con otras agencias calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s, tuvo un papel crítico al otorgar calificaciones excesivamente optimistas a productos financieros respaldados por hipotecas subprime. Instrumentos complejos, como las obligaciones de deuda colateralizada (CDO), fueron calificados con AAA (la máxima nota de seguridad), sin considerar adecuadamente los riesgos asociados a las hipotecas de alto riesgo que los respaldaban.

Esta sobrevaloración de los activos, combinada con modelos de evaluación inadecuados, generó una falsa sensación de seguridad en los inversionistas, quienes confiaron en activos que resultaron ser extremadamente riesgosos. Además, el modelo de negocio de Fitch incentivó las calificaciones infladas, lo que agravó las consecuencias de la crisis. Cuando el mercado inmobiliario colapsó, Fitch tardó en ajustar sus calificaciones, contribuyendo a las pérdidas de los inversionistas y profundizando la crisis económica global.

A pesar de que reformas como la Ley Dodd-Frank buscaron abordar estos problemas, las agencias calificadoras siguen enfrentando críticas por la falta de cambios estructurales significativos. Su papel en la economía global continúa siendo objeto de escrutinio, especialmente en contextos de alta incertidumbre geopolítica como el actual.

Ahora, esta misma calificadora baja la calificación de Bolivia a CCC-, pero, en lugar de presentar un informe claro que explique las razones económicas detrás de esta decisión, parece buscar excusas para justificar lo que aparenta ser más un movimiento político que económico. Este intento parece orientado a desvirtuar los resultados de un modelo económico que, en cifras, permitió generar más de $us 4.800 millones solo en el pago de obligaciones, demostrando su capacidad para enfrentar el malestar económico derivado de una crisis política.

Dicha crisis estuvo marcada por el bloqueo en la Asamblea Plurinacional, que impidió la aprobación de inversiones directas provenientes de créditos de organismos internacionales. Además, esta misma crisis política provocó inestabilidad social, reflejada en bloqueos que ocasionaron pérdidas al aparato productivo superiores a $us 4.000 millones.

Parece que Fitch no tomó en cuenta varios datos clave. Al 31 de diciembre de 2024, el uso de las reservas internacionales permitió cumplir con todas las obligaciones externas del país, logrando el pago puntual del 100% del servicio de la deuda externa pública, que ascendió a $us 1.526 millones. Además, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas, y a pesar de los elevados precios del petróleo, se realizaron pagos por importación de combustibles que sumaron $us 2.381 millones. Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) continuó garantizando la dotación de divisas al sistema financiero, así como a personas naturales y jurídicas, a través de diversos mecanismos, con un total de $us 723 millones.

Tampoco parece haber considerado una política clave del Estado, la Ley 1503, conocida como la «Ley del Oro», que contribuyó a la estabilidad y al crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Estas alcanzaron un saldo de $us 1.976 millones, cifra superior en $us 267 millones en comparación con el cierre de 2023. En un contexto interno y externo desafiante, las RIN mostraron una tendencia positiva con tres cuatrimestres consecutivos de evolución favorable. Esto ocurrió a pesar de factores externos como las elevadas tasas de interés internacionales, que incrementaron el costo del servicio de la deuda externa, y los altos precios del petróleo, que elevaron los costos de importación de combustibles.

Adicionalmente, las empresas públicas realizaron inversiones en salud, educación e infraestructura, beneficiando a más de cuatro millones de bolivianos mediante bonos destinados a generar bienestar. Este mismo modelo económico impulsa el cambio de la matriz productiva y fomenta la industrialización con sustitución de importaciones como eje de crecimiento del país.

¿Acaso Fitch no valoró las medidas de diálogo y los cambios estructurales implementados para mejorar el comercio exterior? Tampoco parece haber considerado las implicancias de la «guerra económica» impulsada por algunos sectores en contra de la gestión económica del Estado, que fueron responsables del 7% de la inflación registrada en 2024, la cual alcanzó un 9,97%.