Por: Martin Moreira Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana En Bolivia, el contrabando de oro se ha convertido en un problema crít
Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana
En Bolivia, el contrabando de oro se ha convertido en un problema crítico que pone en riesgo la economía nacional. Con 30 toneladas de oro saliendo ilegalmente del país y una caída del 72,3 % en las exportaciones legales en 2024, el impacto sobre la recaudación fiscal y la estabilidad económica es alarmante. Sin embargo, la Ley 1503, conocida como la “Ley del Oro”, ha permitido al Banco Central de Bolivia recuperar 14,38 toneladas de este valioso recurso, superando en beneficios a las 1.100 cooperativas auríferas autorizadas. Esto plantea una interrogante crucial: ¿por qué el esfuerzo estatal es más eficiente que el de las cooperativas y qué medidas adicionales deben implementarse para proteger este recurso estratégico?
Uno de los problemas más serios que enfrenta Bolivia es el contrabando, un fenómeno que ahora opera también a la inversa, con la salida de alimentos clave para la canasta familiar hacia países vecinos. Sin embargo, este no es el único desafío. En 2024, el contrabando de oro se convirtió en una preocupación crítica.
Según reportes oficiales, aproximadamente 30 toneladas de oro salieron ilegalmente del país, lo que representó una fuga de alrededor de 3.000 millones de dólares. Esta cifra supera ampliamente las exportaciones legales de oro registradas en el mismo periodo.
Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones legales de oro en Bolivia alcanzaron 667,6 millones de dólares, lo que representa una caída del 72,3 % en comparación con los 2.408 millones de dólares registrados en 2023. Expertos señalan que este descenso no se debe a una menor producción, sino a un subregistro que evidencia contrabando, irregularidades en los controles y una débil supervisión estatal.
El impacto del contrabando sobre la economía es alarmante, pues afecta la recaudación fiscal, desincentiva la producción formal y erosiona la competitividad del país en el mercado internacional. Ante esta situación, los especialistas urgen al gobierno a fortalecer las políticas de control y a combatir de manera efectiva este flagelo que socava la economía nacional.
La Ley del Oro, fue un respiro en medio de la fuga de capitales
En medio de las preocupantes noticias sobre la fuga de capitales en Bolivia, una medida está mostrando resultados positivos: la Ley 1503, conocida como la “Ley del Oro” o Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas. Esta normativa permitió al Banco Central de Bolivia (BCB) recuperar en beneficio del país un total de 14,38 toneladas de oro durante 2024, frenando parcialmente el impacto del contrabando.
Los resultados obtenidos por el BCB superaron ampliamente los de las 1.100 cooperativas auríferas que operan con autorización del Estado, las cuales solo lograron exportar siete toneladas de oro. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde un problema estructural: muchas de estas cooperativas venden oro a intermediarios que, aprovechando las laxas regulaciones nacionales, lo contrabandean hacia países vecinos, siendo Perú el destino favorito.
El contrabando se ve incentivado por la obtención de dólares, al punto de que los intermediarios prefieren pagar el 19 % de impuestos que exige Perú para exportar oro, en lugar del 5 % que se aplica en Bolivia. Esto les permite obtener mayores ganancias, ya que adquieren el oro en bolivianos y lo revenden en dólares. Parte de esos dólares reingresan al país a través del mercado paralelo, alimentando la especulación cambiaria y debilitando aún más la economía nacional.
Necesidad de medidas más estrictas
Es evidente que el Estado debe adoptar políticas más rigurosas para proteger los recursos auríferos del país. Una de las propuestas es fortalecer la Empresa Nacional de Comercialización de Oro (Encoro), dotándola de Unidades Técnicas responsables de fiscalizar y controlar a las empresas y cooperativas que deseen exportar oro. Estas unidades podrían exigir un registro obligatorio del metal y establecer sanciones severas: las empresas o cooperativas que sean sorprendidas contrabandeando perderían sus concesiones, las cuales serían revertidas al Estado para su explotación directa por Encoro.
Asimismo, es urgente una reestructuración en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esto incluiría una “purga” de funcionarios y una revisión exhaustiva de sus procedimientos, con el objetivo de facilitar el control y la recuperación del oro boliviano.
Mientras tanto, los resultados de la Ley del Oro demuestran su efectividad al permitir que el BCB recupere oro del contrabando, logrando un impacto más significativo que las 1.100 cooperativas auríferas juntas. Sin embargo, esto no debe ser motivo de complacencia, sino el punto de partida para implementar reformas estructurales que aseguren que los recursos naturales de Bolivia beneficien plenamente al país y a su población.
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