La Ley de Servicios Financieros, los créditos de Vivienda de Interés Social, los Programas de Vivienda Social y otros instrumentos fueron las principa
La Ley de Servicios Financieros, los créditos de Vivienda de Interés Social, los Programas de Vivienda Social y otros instrumentos fueron las principales políticas públicas aplicadas
Desde 2011, el sector público desempeña un rol clave en Bolivia al facilitar el acceso a la vivienda a miles de familias de ingresos medios y bajos. A través de los créditos de vivienda de interés social, entre 2014 y junio de 2024, se otorgaron $us 4.619 millones de dólares beneficiando a 100.778 personas. Además, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) invirtió entre 2011 y 2023, Bs10.567 millones, mejorando las condiciones de vida de 618.531 familias.
En el marco del 1er. Encuentro Nacional por la Vivienda Digna y Sostenible, organizado por la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ofreció una detallada exposición sobre “El rol del sector público en el acceso a la vivienda, sus desafíos y estrategias”.
Montenegro abordó las principales políticas públicas en torno a la vivienda de interés social y subrayó los retos que aún enfrenta el país en materia de acceso a viviendas dignas y sostenibles para los sectores más vulnerables.
El ministro destacó la importancia de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, que reformó el sistema financiero en Bolivia y asignó al Estado un rol rector. Esta norma prioriza la vivienda de interés social y al sector productivo; establece niveles mínimos de cartera, destinados a créditos para vivienda de interés social y préstamos productivos y fija tasas de interés máximas, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda.
Entre los mecanismos de acceso a la vivienda, Montenegro subrayó el impacto de los créditos de vivienda de interés social, los cuales permiten a las familias con bajos ingresos acceder a una vivienda (compra de cada, vivienda o terreno, construcción, anticrético y remodelación) con tasas de interés preferenciales que oscilan entre el 5,5% y el 6,5%.
Hasta junio de 2024, estos préstamos beneficiaron a 100.778 familias, con una cartera total de $us 4.619 millones, de los cuales el 78% está concentrado en el eje central del país, conformado por Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. A junio de 2024, el 94% de la cartera se concentraba en la zona urbana, con $us 4.358 millones y 92.784 familias beneficiarias. En el área rural se invirtieron $us 260 millones, el 6% del total, beneficiando a 7.994 familias.
Otro mecanismo importante que puso en marcha el Gobierno fue el Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social (Fogavisp), creado mediante Decreto Supremo N° 2137, del 9 de octubre 2014, con el 6% de las utilidades anuales que genera la banca. Este fondo tiene por objeto otorgar coberturas de riesgo crediticio para operaciones de préstamo de vivienda de interés social de hasta 20% cuando el prestatario no cuente con aporte propio. Este ha sido un pilar clave en este esquema, permitiendo que más familias accedan a una vivienda digna.
Montenegro destacó que desde 2006, el Estado boliviano ha hecho esfuerzos a través de diversos programas de vivienda social. Entre ellos, se encuentran el Programa de Vivienda Social, la Unidad Ejecutora para Viviendas de Emergencia y la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), que han permitido reducir el déficit habitacional.
Entre 2020 y 2023, AEVivienda ejecutó un total de 32.308 intervenciones, beneficiando a 118.552 personas, de las cuales 11.760 corresponden a la más vulnerable (4.719 madres solas y padres solos, 1.421 personas con discapacidad y 5.620 adultos mayores) La inversión durante este periodo asciende a Bs1.962 millones, generando más de 121.267 empleos directos e indirectos. Sin embargo, desde su creación en 2011 este programa ha favorecido a 618.531 ciudadanos con una inversión de Bs10.567 millones.
Otro mecanismo relevante es el dispuesto por el Decreto Supremo N°1842, del 18 de diciembre de 2013, que determina que los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social, será de 60% del total de su cartera para Bancos Múltiples y de 50% para Bancos Pymes. No obstante, a junio de 2024, los Bancos Múltiples registran un nivel mínimo de cartera de 65,2%, superior en 5,2 puntos porcentuales (pp) al requerido por la normativa, mientras los Bancos Pyme registraban un nivel mínimo de 58,2%, superior en 8,5pp lo establecido.
A pesar de los avances logrados, Montenegro reconoció los desafíos que aún persisten. Según datos del Gobierno, el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo afecta a 1.360.046 hogares. El déficit cuantitativo se redujo a 65.291 hogares en 2022, una caída del 56% respecto a 2012, y está concentrado sobre todo en el área rural (62,59%), mientras el déficit cualitativo afecta a más de 1.294.755 hogares y está concentrado en el área urbana (64%).
Ante este escenario, propuso varias acciones para seguir reduciendo el déficit habitacional, como la mayor socialización de los créditos de vivienda de interés social y del Fogavisp, la flexibilización de los requisitos para familias con ingresos limitados, y un mayor impulso a los préstamos de vivienda social en las áreas rurales, donde la necesidad de vivienda es mayor. En su intervención, Montenegro también hizo un llamado a considerar el desarrollo de soluciones habitacionales sostenibles para reducir la tasa de interés de los créditos de vivienda e incursionar en el financiamiento de viviendas sostenibles.
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