Escrito por: Martin Moreira El modelo económico actual en Bolivia se centra en la industrialización de los recursos naturales del país para darles
Escrito por: Martin Moreira
El modelo económico actual en Bolivia se centra en la industrialización de los recursos naturales del país para darles valor agregado, fomentar el consumo interno y los excedentes son exportados, lo que obliga a las industrias a ser más eficientes si desean acomodar sus productos finales a mercados internacionales, una política expansiva que cambia su matriz productiva para generar mayores divisas y por lo tanto busca dar desarrollo a regiones a través de la industrialización de sus recursos generando empleo directo e indirecto, fomentando la producción y propiciando condiciones para los emprendimientos empresariales.
El Estado está implementando medidas concretas para mejorar la canalización de dólares a través de las exportaciones, con el objetivo de aumentar las Reservas Internacionales Netas (RIN). Estas medidas incluyen la aprobación de la «Ley del oro», la gestión de divisas para la inversión pública y la reducción del gasto público, a través de una estrategia proactiva que se basa en la sustitución de importaciones por la producción de manos bolivianas.
Esta estrategia es criticada por algunos detractores, encabezados por ex ministro Planificación de Goni que su única función fue el privatizar para beneficiarse de la venta de empresas estatales. Ahora, estos oportunistas proponen “Sustituir al Estado por un protagonismo total del sector privado”.
Estos analistas argumentan que se requiere un cambio en el modelo económico actual, y proponen una reducción de la participación del Estado para fomentar la inversión privada. Abogan por desmantelar el modelo económico plural y basar la economía en la inversión privada. Además, sugieren eliminar las subvenciones a los hidrocarburos y en su lugar, ofrecer subsidios a los sectores que más lo necesiten que incluyen por supuestos a las grandes empresas, en especial a las agrícolas, que son los principales beneficiarios de las subvenciones a los hidrocarburos. Siendo el subsidio una problemática que debe ser debatida y analizada, esta propuesta podría resultar en una distribución desigual de los recursos, favoreciendo a aquellos que ya tienen más y aumentando el costo de los combustibles para la población.
Se propone también que la diversificación del aparato productivo soberano, impulsado y creado por el Modelo Económico Comunitario Productivo y actualmente bajo el control del Estado, pase a manos privadas. En otras palabras, esto implicaría venderlo a empresas transnacionales y permitir que otros se beneficien de todo lo que el modelo actual ha invertido en favor del país.
Es sorprendente cómo los defensores de la privatización critican el modelo económico propuesto por Arce, al llamarlo «extractivista». Si analizamos las políticas del actual gobierno, podemos ver que buscan diversificar la matriz exportadora a través de la industrialización, transformando a Bolivia de un país con un modelo primario a uno con valor agregado en su materia prima, lo que genera desarrollos en regiones donde antes no se consideraba viable establecer una industria. Sin embargo, estos analistas critican esta estrategia y sugieren que Bolivia debería volver al modelo neoliberal privado, que priorizaba la reprimarización de la matriz productiva del país. Es decir, proponen que Bolivia vuelva a depender únicamente del sector primario de la economía, impulsando actividades productivas en las que estos grupos tienen inversiones, como la agricultura, la construcción (es decir, las inmobiliarias) y la minería, y que se privatice nuevamente YPFB y las empresas de servicios como Entel y Ende. Además, sugieren que las jubilaciones y las rentas de vejez también deberían pasar a manos privadas. De esta manera, buscan tener un estado títere que solo administre y dé condiciones favorables a los grupos poseedores de industria y empresa.
Según su análisis erróneo del modelo económico actual, plantean la reducción de bonos y subsidios, como el Bono materno infantil y el Juancito Pinto e incluyendo el subsidió alimentario. En resumen, buscan desmantelar todo lo que el estado ha generado en términos de bienestar y desarrollo para los ciudadanos bolivianos, y reemplazarlo con un modelo económico privado que favorece a los sectores de mayor poder económico y cargándolo a los más vulnerables. Este modelo podría traer de vuelta tasas de desempleo del 9% y un crecimiento del PIB del 1,5%, al igual que exportaciones deficientes que no superen los $US1.500 millones.
Además, buscan reprimarizar las exportaciones para abaratar los costos de producción, lo que podría provocar desempleo y permitir que otros países se beneficien del valor agregado de la materia prima. Ejemplos de esto incluyen la concesión de litio a empresas norteamericanas y la entrega de los yacimientos de Mutún a trasnacionales. También buscan que la tierra pase completamente a manos de los grandes productores de monocultivos, reducir la inversión pública bajo el pretexto de bajar el gasto público, mientras obligan a la población a pagar por servicios de salud y educación con la excusa de que son deficientes y serian mejor administrados por los privados.
Estos oportunistas buscan asaltar el Estado, liderados por un ex ministro de planificación de Goni, y su respuesta es la privatización, la venta y la destrucción de todo lo avanzado en el país, lo que llevaría a convertir a una nación soberana en una dependiente de trasnacionales y fondos buitres. Este retroceso nos llevaría a un Estado limosnero, como sucedía en gobiernos neoliberales que carecían de recursos para pagar los salarios de sus funcionarios, y mucho menos para invertir en educación, infraestructura y salud
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